Diecisiete de las diecinueve páginas del pliego de condiciones para adjudicar a UFC la operación de compra del edificio municipal fueron modificadas antes de su aprobación en Pleno puesto que «sólo las hojas 1 y 19 fueron selladas y rubricadas, no así las páginas de la 2 a la 18, que fueron sustituidas en algún momento posterior a la fiscalización, previo a la aprobación plenaria». Así lo constata el informe de Intervención municipal redactado por el funcionario para justificar la lesividad del contrato firmado por el ex edil Ángel Macías durante el último mandato de Antonio Vázquez. El documento del interventor acredita el supuesto «cambiazo» del pliego para introducir la revisión de precios al 5%, que suponía aumentar la operación en 24 millones de euros. Además, el reemplazo de estas páginas supuso la supresión de la cláusula por la que el contrato quedaría rescindido a los dos años en el caso de que la firma no ejecutara la obra.

El nuevo pliego de condiciones eleva la operación a 52 millones de euros en la adjudicación llevada a cabo en febrero de 2006 ante la falta de un informe económico que evaluara la operación de forma global. Ese documento existe a día de hoy y recalca que la operación estaba sobrevalorada en 24 millones de euros: «Este negocio jurídico de arrendamiento con opción de compra supone adquirir unas nuevas instalaciones municipales para las que es esencial un informe de tasación con informe económico financiero que no se produjo», dicta el documento técnico. Tanto es así que los funcionarios argumentan que «de conocerse el informe económico por el Pleno del Ayuntamiento, con toda probabilidad no se hubiera aceptado la operación». Lo mismo ocurre con el informe del arquitecto municipal emitido el 22 de diciembre de 2005 y no incorporado al expediente hasta el 22 de noviembre de 2006, nueve meses después de la adjudicación.

Pese a que la operación del edificio municipal es uno de los legados más problemáticos que el equipo de Gobierno de Rosa Valdeón heredó de su antecesor en el cargo, el PP local ha defendido la operación aunque en el contexto económico en el que se firmó, no en el actual. Pese a ello, la alcaldesa expone que hacer suyo un contrato de estas características a día de hoy es inasumible por el Ayuntamiento. En este sentido, la institución municipal acudirá el próximo viernes al Juzgado de lo Contencioso de Zamora para intentar anular la operación, una vez que el Pleno apruebe mañana la declaración de lesividad económica y jurídica del contrato de arrendamiento. La decisión contará en la sesión plenaria del viernes con los votos positivos de PP y Adeiza y las abstenciones de PSOE e IU. El inicio de la vía judicial que emprende el Ayuntamiento pretende liberar al ente local del pago de 52 millones durante los próximos 25 años, con independencia de los dos millones de euros que la firma UFC reclama al Ayuntamiento por la vía civil en concepto de daños y prejuicios. No obstante, existe también una condena en costas al Ayuntamiento por valor de 20.000 euros al intentar la demanda de reconvención para trasladar la causa civil al Juzgado de lo Contencioso. El equipo de Gobierno ya anunció en su momento que presentaría un recurso para evitar el pago de esta cantidad.