«En una parte mínima de los casos, Izquierda Unida lleva algo de razón, pero en la mayoría no tienen ninguna». Así califica la alcaldesa Rosa Valdeón la labor del grupo municipal izquierdista, que ayer denunciaba de manera pública que las obras realizadas en el Palacio de Doña Urraca han obtenido la certificación final sin haberse concluido los trabajos. En este sentido, la regidora quiso lanzar ayer un mensaje de «tranquilidad». La actuación en la infraestructura «ni está pagada ni está finalizada», apuntó.
De esta forma, Valdeón defendió que «este equipo de gobierno no tiene nada que ocultar ni en este ni en ningún otro tema», aunque se comprometió a investigar el expediente administrativo de las obras que, en todo caso, «se refieren a un contrato menor», en el que «no veo mayor complicación». Aún así, la primera edil de Zamora rehusó profundizar en el documento del proyecto porque «no tengo delante el expediente».
Asimismo, el concejal Francisco Guarido había indicado que el mismo día en que se realizó el decreto de Alcaldía para adjudicar la obra, Rearasa presentó una factura «por el importe de los trabajos como si ya se hubieran realizado». En este sentido, el equipo de Gobierno sostiene que se trata de «un contrato menor y la adjudicación y la oferta suelen ir simultáneas».
Por su parte, el grupo municipal socialista anunció que esta semana «se conocerán más casos de este tipo que afectan directamente al Fondo Estatal de Inversión Local». Sin embargo, el PSOE no quiso avanzar a que situaciones se refiere. Sobre la que afecta al Palacio de Doña Urraca, el secretario local, Félix Rodríguez, quiso recordar que «ya hemos denunciado, al menos, unas veinte situaciones similares a esta, como lo fue el caso de Valorio, en el que tenían que ejecutar las obras o devolver el dinero». «Alguien hace proyectos que no se hacen, pero al final se pagan», añadió Rodríguez.
Más contundente aún fue el portavoz municipal, Carlos Hernández, quien pidió ayer mismo y de forma pública al Ministerio Fiscal que «actúe de oficio para estudiar la posible falsificación de documento público».