Sólo 11 zamoranos de cada cien cuentan con línea de banda ancha de Internet

TANIA SUTIL Zamora es la provincia de todo el país con menor número de líneas de banda ancha de Internet, con sólo 11,7 por cada cien habitantes. Así lo refleja un informe de la comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el que Zamora se sitúa a la cola del todo territorio nacional en lo que a nuevas tecnologías se refiere, con sólo Orense por detrás.

Si en el momento actual la provincia cuenta con 189.000 habitantes, el número de líneas de banda ancha en la provincia asciende a 22.113. Junto a Lugo, Cuenca, Jaén y Badajoz, la provincia se une al paquete de provincias por debajo de las catorce líneas mientras que en el grupo de mayor conexiones -más de una veintena por cada centenar de residentes- se encuentran Cantabria, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Gerona, Málaga, Baleares y Madrid, esta última, la más potente en conexiones.

El término banda ancha hace referencia comúnmente al acceso a Internet de alta velocidad que ofrece disponibilidad continua y es más rápida que el acceso tradicional por marcación, además de no bloquear las líneas telefónicas y no ser necesario volver a conectarse a la Red después de desengancharse de ella.

Precisamente hace unos días el Gobierno aprobó la decisión de incluir la banda ancha en el servicio universal que deben prestar las compañías de telecomunicaciones a precios asequibles. A partir del 1 de enero de 2011 cualquier ciudadano que lo solicite, con independencia de su lugar de residencia, tendrá derecho a contar con un acceso a Internet con una velocidad mínima de un megabit por segundo.

El Gobierno ha decidido convertir la banda ancha en un derecho y la enmarca dentro del conjunto de prestaciones básicas que tienen que ser aseguradas en todo el territorio. En el momento actual, las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones sólo contempla tener una línea fija, derecho a la guía telefónica, cabinas públicas y acceso para discapacitados. La medida supone en el plano legislativo una revolución puesto que hasta ahora habían sido en vano todos los intentos de universalizar el acceso a Internet. Desde el punto de vista práctico, las consecuencias son más modestas ya que de los 9,5 millones de accesos de banda ancha sólo 39.000 lo hacen a una velocidad inferior a un mega.