SUSANA ARIZAGA
El juez ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para tres de los seis detenidos por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en la capital el pasado viernes, en la operación «Loto», en la que se incautaron 3,4 kilos de drogas: 2,1 kilos de heroína; 873,4 gramos de cocaína y 186 gramos de hachís. Además la policía requisó cuatro armas de fuego, pistolas y revólveres, operativas y con munición; 7.945 euros; y joyas.
Entre los detenidos sólo hay dos personas de etnia gitana, una pareja vinculada al clan de «los Chinche», localizado en el barrio de Las Llamas, algunos de cuyos miembros fueron arrestados en meses pasados, según la información facilitada por la Policía Nacional.
Los cuatro detenidos restantes son «payos», de los que tres, al parecer consumidores habituales de estupefacientes, fueron puestos en libertad por el juez tras escuchar sus testimonios. Otro fue conducido a la macroprisión de Topas, junto a los dos jóvenes gitanos (una mujer y un hombre), tras hallarse la droga localizada, según fuentes próximas al caso, en el piso que compartía con su novia en una céntrica calle de la capital.
Por contra, los agentes de la policía judicial no encontraron drogas en el domicilio de los dos jóvenes vinculados al clan de «los Chinche», en el barrio de San Frontis, al que acudieron hacia la una de la tarde del viernes, con un perro antidroga, para efectuar un registro que se prolongó durante una hora aproximadamente.
Una vez concluido el registro, la pareja fue conducida a la Comisaría de Zamora, donde se negó a declarar, según su abogado porque «no se nos ha informado de los pormenores de los delitos que se les imputan». Tras 72 horas retenidos en las dependencias policiales fueron trasladados al Juzgado, donde mantuvieron la misma actitud.
Su abogado, Luis Felipe Gómez Ferrero, mostró su malestar por la difusión en los medios de comunicación de detalles de la operación policial cuando la causa está bajo secreto de sumario, por lo que ha anunciado «la interposición de acciones judiciales», máxime cuando a los letrados de los detenidos no se les facilitó ningún dato para asistir a sus clientes por tal causa, «al objeto de no entorpecer o comprometer el proceso de investigación». En ese sentido, Gómez Ferrero calificó ayer de «inaceptable que los letrados no sean debidamente informados para defender a sus clientes y que, sin embargo, la autoridad policial y la Subdelegación del Gobierno planteen una rueda de prensa» para ofrecer información públicamente sobre el caso, «cuando las actuaciones son secretas y a nosotros y nuestros clientes se nos niega».
Por último, al parecer, el «payo» detenido declaró ante la policía y el juez que la droga hallada en su casa pertenecería a los dos jóvenes gitanos y que él sólo hacía los «recados» que le mandaban éstos. El Juzgado mantiene el secreto sumarial de las diligencia abiertas.