SUSANA ARIZAGA
Hasta la Fiscalía han llegado dieciséis denuncias entre enero y octubre, aunque es probable que existan muchos padres viviendo una situación compleja con sus hijos y no se atrevan a emprender acciones judiciales contra ellos. Los afectados por el maltrato de sus vástagos acuden al fiscal con la esperanza de encontrar protección y un tiempo de tranquilidad en el hogar.
Hasta tomar ese camino, los padres suelen haber pasado por episodios difíciles e incluso dramáticos, al sentirse incapaces de controlar a su descendiente y mantener una armonía mínima en el hogar. «Si tienes un hijo conflictivo esperas hasta que no puedes ya con la situación», explica el fiscal de Menores, Pedro Sánchez de la Parra. Por eso cuando las denuncias llegan, existe ya «un intento de agresión» al menos; sólo «si vienen al principio los hechos no pasan de amenazas; más adelante ya el caso es más serio», agrega el jurista.
Esperan que las medidas adoptadas por este órgano les ayuden a reconducir a un hijo o hija con el que no saben muy bien qué hacer. Las medidas que se adoptan desde el Juzgado de Menores, por indicación del fiscal, son de alejamiento, con el internamiento en centro especial para menores, en un grupo de convivencia o un periodo de libertad vigilada.
Lo más habitual es derivar al menor a un centro donde entra en un programa de convivencia en grupo educativo. «Y el método sí funciona», explica Sánchez de la Parra. En este lugar el niño o la niña adquiere las normas que en su hogar no han sido capaces de transmitirle de forma adecuada. Se les somete a horarios rigurosos y a una terapia adecuada, dirigida por especialistas, con el objetivo de que interioricen normas y hábitos de los que carecen, lo que les convertirá en personas capaces de convivir con otras desde el respeto al otro y la tolerancia.
La medida suele prolongarse por un periodo de tiempo que va de los doce a los 24 meses. Los niños no pierden el contacto con sus padres en ningún momento, si bien los encuentros se distancian al inicio para ir normalizándolo finalmente. En los primeros fines de semana fuera del hogar «se permite la visita de la familia». Cuando el equipo de técnicos que trabajan con el interno, tras una evaluación, considera que ha dado pasos y evolucionado en su comportamiento, «se le permite ir algún fin de semana a su casa y también durante las vacaciones».
Es el sistema que se utiliza para «ir incorporándoles a la vida familiar», que es el objetivo final: Que el adolescente regrese y lo haga sin recurrir a la violencia para relacionarse con sus padres y hermanos.
A lo largo de este año se ha impuesto esta medida a ocho niños y niñas denunciadas. Para el resto se ha ordenado la libertad vigilada o el ingreso en un centro de protección de menores, con un régimen más estricto de control. El creciente número de estos casos de maltrato preocupa de forma especial a la Fiscalía de Menores. Es la tipología de maltrato familiar que mayor inquietud está provocando en el ámbito judicial porque se produce «de continuo» y no se circunscribe a un prototipo de familia concreto: «Tenemos casos de todo tipo», no necesariamente el niño o adolescente vive en un entorno desestructurado.
De las amenazas y el tono agresivo pasan a la acción en no pocas ocasiones. Es cuando los padres se deciden a denunciar ante la Fiscalía de Menores y, muchas veces, cuando el hijo o la hija le ha puesto antes en una situación incluso de peligro físico. «Les pegan, les ponen cuchillos en el cuello o intentan agredirles» con armas blancas u objetos con los que saben que pueden causar heridas.
Tampoco existe una edad especialmente conflictiva, «los hay con 14 años y también con 17», ni un perfil que se corresponda con esta clase de conductas. Y llama la atención igualmente que «cada vez haya más niñas» que agreden a sus progenitores e incluso a otros miembros del núcleo familiar, como sucedió recientemente con una menor que clavó unas tijeras a su hermana provocándole heridas. Una conducta que hasta hace unos años era excluivamente la excepción, pero que en estos momentos se está convirtiendo ya en una actuación frecuente, de modo que «las denuncias de padres a hijas se están igualando con las que se interponen contra hijos», añade el fiscal de Menores de la provincia.
