Orden en las aulas

Mª JESÚS FERNÁNDEZ Recuperar la autoridad en las aulas, pero no a cualquier precio. El sector educativo zamorano considera necesario la puesta en marcha de medidas para abordar la conflictividad generada en las relaciones entre alumnos y profesores, aunque no todos los docentes se muestran de acuerdo con la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de otorgar a los profesores rango de autoridad pública. Los jueces o los inspectores de sanidad ya disponen de esta consideración, con la que cualquier agresión o intento de ella sería inmediatamente un delito de atentado.
La noticia no podría haber sido mejor recibida desde la delegación provincial del sindicato Anpe, ya que da respuesta a una de sus reivindicaciones. «Entendemos que es un paso más, aunque no definitivo, porque el reconocimiento de la autoridad docente no se sustenta únicamente en las consideraciones legales», argumenta Fermín Casado, representante de este sindicato de enseñanza. A pesar de aplaudir esta medida, considera que «se podía haber aplicado incluso antes para no llegar a la situación en la que estamos, en la que el profesorado se siente indefenso y sin herramientas para lidiar con los alumnos, que la mayor parte de las veces se van de rositas sin recibir ningún correctivo».
La valoración de la medida propuesta por Esperanza Aguirre también es positiva para el sindicato Stes, desde el que se recuerda que la junta de personal docente de Zamora ya había reclamado una propuesta similar a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León hace apenas un año. «Esperamos y deseamos que se extienda al resto de las regiones porque serviría para mejorar el sistema educativo», destaca Ángel Gabriel González. Tal y como explica, la expulsión del alumno es una de las pocas medidas disciplinarias existentes en la actualidad en los centros educativos, con una duración máxima de un mes. Su aprobación depende del consejo escolar y su aplicación real puede prolongarse durante más de un mes porque requiere la apertura de un expediente a cargo de un profesor que no de clase al estudiante implicado. «La expulsión no siempre resulta adecuada porque la mayor parte de los problemas generados en las aulas procede de alumnos absentistas».
Totalmente contrario a las medidas coercitivas anunciadas por la Comunidad de Madrid se muestra el portavoz de la Federación de las Asociaciones de Padres de Alumnos, Pedro Murias. Según argumenta, ya existen suficientes mecanismos para regular las relaciones entre alumnos y profesores en los reglamentos de funcionamiento de los centros educativos y un observatorio para la convivencia escolar también ocupado de velar por estas cuestiones. Además, destaca que «las estadísticas existentes demuestran que hay menos casos de agresiones y problemas que los que ahora se están dando a entender». Aún así, admite que «es necesario recuperar el concepto de autoridad, pero el de la cultura griega y romana, que estaba relacionado con la ética, la empatía y la capacidad del profesor para hacerse respetar». Para ello también considera prioritario «crear el suficiente bagaje de respeto a compañeros y profesorado desde el ámbito doméstico». En referencia a la consideración del profesorado como autoridad pública, Murias cree que «hay que buscar puntos de encuentro y no de desencuentro y por eso es importante no estigmatizar ni a alumnos, ni familias, ni a profesores».
Tampoco cree que sea la medida adecuada Pilar de la Higuera, presidenta de la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Zamora, quien considera que «el problema es más complejo que a lo que lo ha simplificado Esperanza Aguirre». A su juicio, «la autoridad se gana y la tienen los q profesores que saben dar una respuesta educativa, con una colaboración estrecha con las familias y con una implicación de toda la sociedad.
Sin embargo, el presidente de la Liga Zamorana de la Educación, Dionisio Muñoz, destaca que «la autoridad en las aulas debe tenerla y ostentarla el profesor, pero un apoyo legal viene bien». En todo caso, también estima que «la labor debe proceder del seno doméstico, que es algo que estamos trabajando desde la liga con clases para padres». Respecto a los problemas con los que se encuentran los profesores, Muñoz matiza que «Zamora no tiene tan mala situación como otras grandes ciudades, pero también han docentes con problemas para entrar en clase». Por ello considera necesario que la formación del profesorado incluya una preparación pedagógica y psicológico.

Consenso sobre la necesidad de establecer un pacto nacionala nivel educativo
En lo que sí se muestran de acuerdo los representantes del sector educativo zamorano es en la necesidad de establecer un pacto nacional en materia educativa. Así lo expone el portavoz de la Federación de las Asociaciones de Padres de Alumnos, Pedro Murias, quien subraya la importancia de «que el gobierno, las comunidades autónomas y los partidos políticos lleguen a un consenso para crear un pacto nacional de educación».
El presidente de la Liga Zamorana de la Educación, Dionisio Muñoz, también es partidario de un acuerdo de alcance nacional «porque últimamente no hacen más que establecer diferencias entre unas y otras autonomías cuando lo que hace falta es establecer criterios unitarios en materias prioritarias como la educación». Por ello aboga por un marco regulador «que se mantenga sea cual sea el partido político que gobierne y aunque se cambie de legislatura».
El sindicato de enseñanza CSI- CSIF también hizo ayer público un comunicado en referencia al anuncio realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Una medida que califica de positiva y que responde a sus propias reivindicaciones porque «es uno de los requisitos para aumentar la calidad del sistema educativo español». El sindicato resalta que uno de los principales problemas de las aulas españolas es la violencia de baja intensidad, que no incluye las graves agresiones al profesorado «sino a ese goteo diario que sufre gran parte del profesorado de agresiones menos graves como insultos, desprecios, desobediencias o descalificaciones».
Por su lado, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) pidió ayer que todos los profesores, y no solo los funcionarios, sean considerados autoridad pública, como ha propuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La patronal de la enseñanza aplaude la propuesta de Aguirre, pero cree que se podrían crear situaciones de desigualdad, indefensión o injusticia a los profesionales que ejercen en centros no estatales.
La nueva Ley de Autoridad propuesta por la presidenta de la Comunidad de Madrid se votará en unas semanas en la Asamblea de la capital madrileña. También incluye otro tipo de medidas dirigidas al reforzamiento de la autoridad del profesorado, como será la subida del sueldo para todos los jefes de estudios y los secretarios.