Los 11.836 funcionarios de Zamora advierten que no están dispuestos a perder poder adquisitivo

SUSANA ARIZAGA. Ninguno se aventura a hablar de un «otoño caliente, aunque hay tensión», si el Gobierno insiste en fijar en el 1% el máximo de subida salarial para los funcionarios, indicador de los incrementos para el sector privado. Quizás porque todos confían en que se trate de «un globo sonda» para tomar el pulso al colectivo, que en Zamora constituye el 17,7% del total de trabajadores. Por lo pronto, los sindicatos, molestos por anticipar una «mala noticia» antes de que se abra la mesa de negociación de la Función Pública, advierten que no tolerarán «la pérdida del poder adquisitivo» de un colectivo que «lleva quince años» sufriendo las restricciones retributivas cada vez que la economía recomienda apretarse el cinturón.
Los representantes de UGT, CC OO, CSI-CSIF y Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la provincia exigen, pues, «un esfuerzo a las administraciones porque los funcionarios siempre se ven perjudicados en sus nóminas» en momentos de recesión económica, en palabras de la secretaria provincial ugetista, Nieves García, y corroboran sus compañeros.
Desde UGT se previene de las consecuencias de una pírrica subida salarial del 1%, dado el peso que tienen los 11.836 empleados públicos de la provincia en la economía zamorana: Al «tener un trabajo fijo, de alguna manera son los que impiden que la crisis sea aún peor». De modo que un aumento retributivo «tan bajo» se traducirá en «un freno importante del consumo, que se retraerá, ya que buena parte de la economía de Zamora se sustenta en los empleados públicos».
Eugenio González, coordinador provincial de CC OO, se muestra partidario de que «se hagan cláusulas de salvaguarda para garantizar el poder adquisitivo» del colectivo, «sería un palo que no se subieran los sueldos más del 1% y eso podría crear problemas». González considera que el Ejecutivo socialista «debería vigilar más las declaraciones», para llegar a la mesa de negociación «con otro espíritu. Sería más sensato iniciar las negociaciones según aquellas posibilidades que permitan mantener» el nivel de ingresos de los funcionarios.
Mucho más contundente Juan Rodríguez Santa Cecilia, secretario del CSI-CSIF, advierte que su sindicato «no está dispuesto a que el empleado público sea el pagano de la situación de crisis, somos empleados por cuenta ajena, como el resto de trabajadores y es nuestra empresa —la Administración— la que está haciendo un uso y abuso de nuestro dinero». Rodríguez Santa Cecilia afirma que tal decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «sería tan perversa como las de empresas privadas a las que se acusa de presentar ERE ficticios».
En ese mismo tono de crítica se pronuncia el secretario provincial del SUP, Tomás Garzón, «siempre pagamos los mismos las consecuencias de las crisis», dice, mientras insta al Gobierno a que antes de tomar esa decisión, «reduzca el sueldo de políticos, altos directivos y cargos intermedios», mientras apunta que «hay elecciones pronto» y medidas como ésta «pasan factura».

Magarzo insta también a recortar gasto público y cargos de confianza
Los empresarios zamoranos apoyan el recorte en la subida salarial a empleados públicos anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco. El presidente de la CEOE-Cepyme, Ángel Herrero, entiende que es «lo más sensato en tiempos de crisis, aunque no sea una medida popular» y apuesta decididamente por un «recorte de gastos en la Administración pública» que debería traducirse en «menos puestos de confianza. Es una absoluta barbaridad que en estos últimos años se hayan incrementado los cargos de confianza mientras se recortan las bases: Necesitamos más policías, más médicos y enfermeras y no aquellos puestos que, en muchos casos, sólo sirven para devolver favores políticos». La patronal zamorana defiende que esa austeridad salarial se traslade, igualmente, a la empresa privada. «Si el IPC real está siendo cero o incluso va a tener saldo negativo, lo que debe hacerse es, como mínimo, dejar las cosas como están».
La negociación de varios convenios colectivos en la provincia está paralizada y los empresarios no quieren oir hablar de diálogo si no se revisa esa previsión del 2% que incorporan algunos de ellos, teniendo como base las propias predicciones del Gobierno, que han resultado a la baja como consecuencia de la caída del consumo. Para la CEOE-Cepyme, si hay un «otoño caliente» no será tanto por posibles movilizaciones de sindicatos sino «porque habrá empresarios que en septiembre tengan que suprimir puestos como consecuencia de las exigencias sindicales en otros tiempos. Los sindicatos deberían pensar más en aquellos trabajadores que se encuentran en paro, cuatro millones que bien podrían ser cinco en unos meses». La posible reactivación del empleo a través del Plan E no pasa de ser una ilusión: «Es posible que remonte algo la situación si vuelven a invertirse 5.000 millones, pero no estamos hablando de creación de empleo sino de levantar aceras incluso en buen estado porque, debido a la premura del tiempo, el Plan, más que de inversión, ha sido de gasto».

«No somos la mano de obra para hacer caja para otros gastos del Gobierno», aseguran
Los sindicatos no se cierran como medida muy puntual a aceptar una subida salarial baja, pero «no somos la mano de obra para hacer caja para otros gastos del Gobierno», sentencian desde el CSI-CSIF, Juan Rodríguez. Los representantes sindicales recuerdan que de las arcas públicas ha salido ya dinero para bancos y empresarios.