El metro cuadrado, a precio de la «milla de oro»

B. G. / T. S. t Ángel Macías, el signatario. Fue el entonces edil de Fomento y teniente de alcalde, Ángel Macías, el encargado de plasmar su firma en el polémico contrato por delegación de Antonio Vázquez. Junto a su nombre figuraba el de un representante de la empresa adjudicataria y el de un notario, pero no el del secretario general del Ayuntamiento.
t La marcha atrás. Un nuevo episodio del edificio municipal se escribió durante el Pleno de septiembre de 2007, cuando se aprobó una moción para revisar el contrato adjudicado en febrero de 2006 con los votos del PP, las abstenciones de PSOE y Adeiza y los votos en contra de IU. Diez meses después, el Ayuntamiento dio cumplimiento a ese acuerdo con el examen del expediente en el que los técnicos advirtieron de la existencia de circunstancias que «podrían afectar a la validez de ese contrato por las divergencias entre el pliego de contratación aprobado en su día y el contrato final». La suerte parecía del lado de la institución municipal y Valdeón acariciaba el sueño de dar carpetazo a una verdadera «patata caliente» que caía en sus manos al mismo tiempo que tomaba posesión como alcaldesa.
t UFC-Begar reclama una indemnización. Ya en 2008, y una vez que han quedado claras las intenciones del Ayuntamiento, la empresa adjudicataria, UFC-Begar, presenta contra la institución una demanda judicial, en la vía civil, al considerar que rompe el acuerdo plenario aprobado por el anterior equipo de Gobierno. En su escrito alega graves perjuicios económicos por la compra de los solares en los que se proyectaba construir la edificación. Los representantes legales de la empresa piden una indemnización de 1,5 millones de euros.
t El caso Ulibarri. El debate político en torno al edificio municipal coincidió en el tiempo —febrero de 2009— con la decisión del juez Baltasar Garzón de incluir entre los imputados en su investigación por la supuesta trama de corrupción que salpica al PP al leonés José Luis Ulibarri, presidente de la constructora UFC-Begar, con la que el Ayuntamiento firmó el acuerdo de alquiler con opción de compra. Ulibarri, también empresario de la comunicación, es copropietario de la sociedad a la que la Junta adjudicó recientemente la Televisión Digital Terrestre regional.
t Los tribunales, la única salida. El contrato para la compra del nuevo edificio municipal no se puede anular al no existir defectos administrativos. Con esta resolución el Consejo Consultivo daba al traste con las esperanzas del Ayuntamiento de encontrar un apoyo que necesita más que nunca para dar carpetazo al proyecto. La única salida que tiene ahora la institución es acordar en Pleno la lesividad del acuerdo con la empresa para las arcas municipales y acudir, acto seguido, a los juzgados. Mientras tanto, UFC-Begar mantiene la reclamación judicial de 1,5 millones de euros, y Valdeón hace cuentas que, por mucho que se empeña, no le cuadran.