Este edificio es una ruina

Un ayuntamiento encarga a una empresa la construcción de un edificio que cuesta 13,4 millones de euros, para utilizarlo en régimen de alquiler y terminar comprándolo, 25 años después, por 52 millones de euros. Por si el disparate fuera poco, esta cantidad sitúa a la institución local en la bancarrota y ata a sus responsables de pies y manos para poder realizar otro tipo de inversiones en la ciudad. Con el contrato firmado desde 2006, la empresa adjudicataria amenaza con exigir una indemnización de 1,5 millones de euros si no se cumplen sus términos. El Ayuntamiento tiene nombre, el de Zamora.

B. GALACHE / T. SUTIL La millonaria operación económica para construir el nuevo edificio que Rosa Valdeón heredó de la era Vázquez amenaza con terminar de socavar las ya esquilmadas arcas municipales. Desde que se diseñara el método de alquiler con derecho a compra en un contrato con un desembolso para el Ayuntamiento de 52 millones de euros, la sombra del «pelotazo inmobiliario» al que alude la oposición sobrevuela la Casa de las Panaderas. Por si fuera poco, el último informe del Consejo Consultivo pone contra las cuerdas a la actual Corporación, al considerar que el contrato suscrito con la empresa UFC «no es anulable» al no apreciar defectos administrativos.
El Ayuntamiento, lejos de achantarse, ha decidido ir a por todas en su intento de deshacerse de un proyecto que Antonio Vázquez aprobó en su última etapa como alcalde de la ciudad. Desde entonces, el equipo de Gobierno arrastra un contrato cuestionable del que no ha conseguido desprenderse, pese a que una de las primeras actuaciones de Rosa Valdeón al tomar el bastón de mando municipal fue intentar anular una compra inasumible para las arcas municipales, y que podría llevar a la institución local en la quiebra económica. El contrato, valorado en más de 50 millones de euros, es de una dimensión desorbitada que embargaría por años a la institución.
La complejidad de las idas y venidas en torno a las nuevas dependencias municipales exige recurrir a las hemerotecas y hacer un repaso en el tiempo que retrotrae el caso hasta el año 2006:
t El germen del contrato. El ex alcalde, Antonio Vázquez, puso sus ojos en los solares de las calles Ramón Álvarez y La Reina hace ya cuatro años si bien no fue hasta principios de 2006 cuando la institución municipal y la empresa UFC-Begar acordaron la compra de los solares con el pago de un millón de euros anuales durante 25 años y una opción de compra por valor de 10 millones de euros. Los solares cuentan con 4.100 metros cuadrados y otros 1.400 más bajo rasante. El decreto de Alcaldía para solicitar ofertas para la compra del nuevo edificio municipal se publicó en noviembre de 2004 y se adjudicó a UFC en febrero de 2006.
t Una instalación necesaria. La Casa de las Panaderas, Los Momos, La Alhóndiga o el Palacio de Doña Urraca son sólo algunos de los inmuebles donde el Ayuntamiento presta sus servicios. Esta dispersión fue la que llevó a Antonio Vázquez a disponer en régimen de propiedad, arrendamiento con opción de compra o cualquier otra fórmula jurídica de un edificio para unificar los servicios administrativos dentro del conjunto histórico.
t Precio desorbitado. Las condiciones económicas planteadas para la compra del edificio municipal se escapan a los cálculos de cualquiera. De ahí que muchos sean los que plantearon la conveniencia de que el Ayuntamiento pidiera un préstamo bancario a devolver en 25 años y acometiera por su cuenta la construcción. La memoria económica de la empresa calculaba un coste de edificio municipal de 13,4 millones. Lo sorprendente es que algo que en su día tenía ese valor pasara a convertirse al cabo de 25 años en una operación de 52 millones, casi el equivalente al presupuesto municipal de todo un año.
t Informes en contra. Los técnicos del Ayuntamiento redactaron hasta 400 folios de informes en los que se oponían a la operación de compra del edificio municipal por resultar onerosa para las arcas municipales. El del secretario general incluso declaró la lesividad de la adquisición para el interés público. Ni uno sólo de los servicios municipales se declararon a favor.
t Un presunto «cambiazo». El inmueble municipal ha suscitado críticas, sospechas y acusaciones por parte de la oposición, que incluso denunció «un cambiazo» del pliego en la página que concretaba la subida anual de la renta a pagar durante 25 años. Según la oposición, la documentación que se les da a los grupos hablaba de un 2,5% mientras que el aprobado en Pleno ascendía al 5%. Entre uno y otro, en términos absolutos, existe una diferencia de más de nueve millones en el transcurso de los 25 años.