El Ayuntamiento deberá acudir a los tribunales si quiere anular la compra del edificio municipal

La declaración de lesividad, paso previo al proceso judicial

TANIA SUTIL
La compra del nuevo edificio municipal no es anulable. Así lo ha resuelto el Consejo Consultivo al entender que «no procede» declarar la nulidad ni del acto de adjudicación ni del contrato de arrendamiento con opción de compra fraguado por el ex alcalde de Zamora, Antonio Vázquez, y el entonces concejal Ángel Macías, a quien se autorizó para rubricar el contrato. El equipo de Gobierno de Rosa Valdeón optó por anular el contrato basándose en defectos de formas graves justificadas en que el contrato firmado con UFC no coincidía con el pliego de condiciones y, en consecuencia, el contrato era nulo de pleno derecho. Sin embargo, el consejo Consultivo desecha esta alternativa de manera que la opción que se le abre ahora al Ayuntamiento es la de acordar en Pleno la lesividad del acuerdo para las arcas municipales y optar por la vía judicial.
Hasta el momento, el Consejo Consultivo no había entrado al fondo del asunto al considerar que había caducado el expediente elaborado por el Ayuntamiento de Zamora. Así lo hizo en dos ocasiones y una vez que el Ayuntamiento rehizo el documento y lo envió armado de la manera adecuada desde el punto de vista administrativo, el Consultivo informó hace unos días que el camino emprendido, es decir, la nulidad radical del contrario, «no es el correcto».
La conclusión del órgano regional es clara al respecto y en su apartado final concluye que «no procede declarar la nulidad del acto de adjudicación ni del contrato de arrendamiento con opción de compra» de un edificio a construir sobre los solares y locales de las calles Ramón Álvarez y La Reina para su utilización como oficinas y servicios municipales. Ello sin perjuicio de que, como también se expone en el cuerpo del dictamen, «el Ayuntamiento pueda instar, en su caso, a la anulación de aquel acto o del contrato ante los tribunales competentes».

Varios días en el Consistorio
Pese a que la resolución final del Consultivo tiene fecha del 30 de julio, el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento todavía no tiene claro cuál será el siguiente paso a seguir a la espera de que los técnicos municipales informen sobre el calado de la resolución y sus consecuencias.
Por el contrario, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Guarido, advierte que dada la situación actual «es imprescindible que la alcaldesa empiece los trámites, prepare bien el expediente en los días de agosto, convoque un Pleno el 1 de septiembre para votar la declaración de lesividad y que el día 2 sin falta acudamos a los tribunales», indica. Ante esta situación, Francisco Guarido reflexiona que «hemos perdido dos años por la estupidez política de la alcaldesa y de su equipo de Gobierno, de modo que tenemos que empezar todo el proceso por el camino correcto: no era una cuestión que hubieran hecho mal los funcionarios sino un contrato económico y político contrario al interés general», añade Guarido.

Un precio de 52 millones
La declaración de lesividad que se le presenta como alternativa al Ayuntamiento supondría que el Pleno municipal reconociera que la operación económica pretendida era ruinosa para las arcas del Ayuntamiento. Este acto justificaría la petición de anulación directa en los tribunales y admitiría que la operación estuvo sobrevalorada al menos un 30% de su valor real. El contrato suscrito bajo el mando del ex regidor municipal Antonio Vázquez entre el Ayuntamiento de Zamora y la firma UFC suponía un desembolso municipal de 52 millones.
Tras la decisión del equipo de Rosa Valdeón de deshacer esta operación económica, consciente de su implicación negativa para el Ayuntamiento, la empresa adjudicataria demandó a la institución local y reclamó un millón y medio de euros como indemnización por daños y perjuicios debido al incumplimiento del contrato.

La oposición tilda el informe del órgano asesor de «nuevo varapalo a Valdeón»
«Un nuevo varapalo al Ayuntamiento». Así coinciden en tildar los portavoces de la oposición municipal el informe del Consejo Consultivo, contrario a la decisión del equipo de Gobierno de declarar nulo de pleno derecho el contrato para la compra del edificio municipal. «Nunca se debió firmar porque perjudica los intereses públicos, tal y como entendió el equipo de Gobierno, de ahí que revisaran de oficio este acuerdo lamentable», indica, rotundo, el socialista Carlos Hernández. Mientras, el portavoz de IU, Francisco Guarido, lamenta que ante este contratiempo crucial para los intereses municipales «todo el equipo de Gobierno esté de vacaciones» y se resigna ante el hecho de que «ni siquiera podemos pedir la dimisión de la alcaldesa ya que el asunto es tan urgente que hay que resolverlo en agosto», añade. El propio Guarido fue precisamente el que propuso que se desterrara el camino de la nulidad del contrato y se optara por la anulabilidad –basado en criterios económicos– ya que el fin sería igualmente el Juzgado. Por último, el portavoz de Adeiza, Miguel Angel Mateos, recuerda que las resoluciones del Consejo Consultivo son, «como su propio nombre indica, de mero asesoramiento sin ningún poder ejecutivo». El político zamorano es consciente de que dada la situación económica del Ayuntamiento «tal operación es imposible y máxime cuando la institución local cuenta con un espacio magnífico en los soportales del viejo Ayuntamiento que serían ideales para ubicar estas oficinas», propone una vez más Miguel Ángel Mateos.