La Diputación reprocha a la Junta que cargue a los pueblos parte del coste de los camiones cisterna

BEGOÑA GALACHE. Por primera vez el equipo de Gobierno del PP en la Diputación ha criticado abiertamente a la Junta de Castilla y León por obligar a los pueblos afectados por problemas de abastecimiento de agua a pagar el 20% de las obras que necesiten acometer, y el mismo porcentaje sobre el coste de los camiones cisterna. Aunque los populares han sacado adelante con sus votos el convenio suscrito con la Administración regional en estos términos «por responsabilidad», como argumentó el propio presidente de la Corporación, el equipo de Gobierno estudia soluciones para aliviar la carga económica que se les viene encima a algunos municipios afectados.
De momento, el PP ya ha adelantado que destinará parte de sus recursos económicos a paliar el coste que este convenio tenga para los municipios con deficiencias en el saneamiento. Una de las posibilidades es que la subvención directa de la Diputación vaya a los camiones cisterna «bien para que no paguen nada, bien para que sea un porcentaje menor a ese 20%, y por supuesto, siempre una cantidad igual para todos los municipios y no con diferencias en función del lugar en el que estén ubicados». Cada uno de estos camiones cisterna puede tener un precio de aproximadamente 300 euros.
En el convenio que la Junta acaba de modificar (y que por primera vez no se aprueba por unanimidad en la Diputación), se contemplan 400.000 euros de inversión este año y una cantidad idéntica para el próximo. La Consejería de Medio Ambiente aportará el 50% tanto del coste de los suministros como de las obras. Además, se establece que la Diputación aportará un máximo del 30% de estos gastos, y el 20% restante los ayuntamientos. Respecto al anterior convenio, las inversiones suscritas suponen una reducción de 200.000 euros al pasar de 600.000 a 400.000 las cantidades «para atender un mal endémico de Zamora» como son los problemas de abastecimiento de agua que padecen aún muchos pueblos de la provincia durante los meses de verano, explicó el diputado de Adeiza, Manuel Tejedor, en el Pleno celebrado ayer. El PP se ha comprometido a mantener los 100.000 euros más que hasta ahora dedicaba a este convenio para «ayudar a los pueblos afectados». Según los cálculos del diputado de Adeiza, los pueblos con problemas de agua pueden aportar en torno a 12.000 euros al mes para solucionar el problema. Del mismo modo, la portavoz del PSOE, Rosa Muñoz, ha arremetido contra la Junta por reducir cantidades «en el momento más inoportuno», y por establecer diferencias entre los pueblos más próximos a la capital y los más alejados, que tendrían que pagar una cantidad mayor por los camiones cisterna.

Tomás: «No está bien, pero son lentejas: o las quieres o las dejas»
Por primera vez el equipo de Gobierno del PP en la Diputación ha aceptado y compartido las críticas de los grupos de la oposición a una decisión de la Junta. Aunque se trata de un mismo convenio para todas las instituciones de la Comunidad, el portavoz popular, Aurelio Tomás, admite que la decisión «creemos que no es ajustada, y la Diputación de Zamora es la última en firmar porque hemos luchado hasta el final por mantener las inversiones y que no se suba la aportación de los ayuntamientos». Bajo su punto de vista, se puede establecer una aportación de los pueblos en el caso de los camiones cisterna, «pero único para todos y que se aplique por cisterna o por litro». Ahora, el objetivo de la institución va a ser convocar una comisión informativa en agosto para analizar el problema con los grupos de la oposición y tratar «de reducir las aportaciones de los pueblos». El actual, subrayó Tomás, «es un mal convenio y hemos tenido nuestras discrepancias, pero son como las lentejas, si las quieres las comes y si no las dejas».
Con los votos en contra de PSOE, IU y Adeiza, el presidente de la institución, Fernando Martínez Maíllo, se mostró comprensivo con la actitud de la oposición y evidenció, al igual que Tomás, sus discrepancias con la nueva política de la Junta en esta materia. Pese a ello, trasladó a la Corporación el compromiso de la Administración regional «de invertir más dinero si este año fuera necesario en la provincia». Maíllo confía en poder llegar a un acuerdo con el resto de grupos políticos en la institución para establecer ayudas directas a los ayuntamientos que tengan que pagar ahora estos nuevos costes.

Maíllo denuncia la poca colaboración de la Confederación Hidrográfica
No estaba en los puntos del orden del día del Pleno, pero terminó por provocar toda una denuncia, al menos en el terreno político. El presidente provincial aprovechó el debate sobre las inversiones del programa de la Administración central «Tierra y Agua», y las explicaciones sobre los trámites administrativos, para reprochar a la Confederación Hidrográfica del Duero su poca colaboración en proyectos que afectan en la provincia. Si primero fue el portavoz popular, Manuel Vega, el que pedía a la socialista Rosa Muñoz que intercediera ante este organismo para agilizar las actuaciones, el relevo lo tomaba el presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo, al hablar de «no colaboración» de la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente de la Administración central. Lo que arroja en la provincia son, «oscuros nubarrones».
Respecto a «Tierra y Agua», Vega explicó que supone una pérdida de 11 millones de inversiones respecto al antiguo POL. En relación a las críticas sobre retrasos en las licitaciones, adelantó que en octubre saldrán la mayor parte de las obras.

29 localidades se han adherido ya al programa de guarderías «Crecemos»
Dos municipios más se acaban de adherir al programa de guarderías «Crecemos», dirigido al ámbito rural y del que ya participaban otros 27 ayuntamientos. Con un presupuesto de 320.000 euros, el diputado de Izquierda Unida, Francisco Molina, afirma que a pesar de su nombre, se trata de una iniciativa «bastante canija, de tacañería y protección al sector privado». Con la abstención del representante de la coalición, el pleno aprobó un nuevo convenio con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la continuidad de «Crecemos» durante este año.
La aportación de la Administración regional es de 208.293 euros durante este año y el próximo, mientras que la institución provincial dedicará a este proyecto durante el ejercicio en curso 104.146 euros. A pesar de las críticas de Francisco Molina, Maíllo defendió la continuidad del programa al considerar que se trata de una forma de ayudar a las familias del medio rural a conciliar la vida laboral y familiar. «Si fuera tan malo no se sumarían otros pueblos», dijo.