La nueva plataforma ciudadana reparte más de 5.000 alegaciones contra el PGOU en tramitación

TANIA SUTIL La nueva plataforma ciudadana "Por otro modelo de ciudad", creada para frenar el actual Plan General de Ordenación Urbana, repartieron ayer alrededor de medio centenar de modelos de alegaciones procedentes de la suma de las propuestas de cada uno de los siete colectivos que conforman la plataforma: Asociación Ferroviaria Zamorana; Izquierda Unida; PSOE; Juventudes Socialistas; CGT; Foro Ciudadano de Zamora; y plataforma de Villagodio. En total, más de 5.000 alegaciones se pusieron ayer a disposición de la ciudadanía «para que las conozcan y las hagan suyas si así lo quieren» a través de una mesa instalada por el colectivo en la plaza de Castilla y León. La plataforma, «abierta a todos», repetirá la iniciativa durante los dos próximos fines de semana que restan hasta la conclusión del periodo de exposición pública, tal y como anuncia el portavoz de la agrupación, Christoph Strieder.
El alrededor de medio centenar de alegaciones puestas en común hace referencia a la «desproporción» del Plan de Urbanismo que, a juicio del colectivo, «abandona a su suerte la ciudad histórica y los barrios». La recalificación de terrenos para edificar «nada menos que 40.000 viviendas en una ciudad que apenas crece» es una opción criticada por la plataforma, que prevé que esta clasificación «crea expectativas de revalorizar el suelo fomentando prácticas especulativas que al final pagamos todos los ciudadanos ya que el suelo no sólo es un recurso económico, sino también natural, escaso y no renovable». La vivienda protegida es uno de los aspectos que más preocupa a esta formación ciudadana, al considerar que «se queda en valores mínimos». En esta misma línea, los colectivos integrados en esta plataforma evidencian «las más de 5.000 viviendas de la ciudad vacías, por lo que resulta absurdo multiplicar más su número con nuevas construcciones». Además de calificar la catalogación del suelo urbanizable como «arbitraria», equiparan el nuevo PGOU con un desarrollo de la ciudad «falso» y tildan el texto como «un cúmulo de buenas intenciones que pocas veces se cumplen». La promoción de viviendas unifamiliares tampoco está bien vista por este grupo de ciudadanos ya que entienden que «consumen grandes extensiones de suelo y provocan altos costes al Ayuntamiento, que debe dotarlos de servicios públicos». El bosque de Valorio es el centro de otras de las alegaciones que ponen al servicio de los ciudadanos para que las hagan suyas. En torno al pulmón de Zamora, la plataforma "Por otro modelo de ciudad" denuncia que «queda sin protección total», mientras que la recalificación de Villagodio «supone una hipocresía y desprecio a los ciudadanos». El aumento «desproporcionado» de las alturas en algunos sectores y «el equivocado aprovechamiento de los túneles para el carril bici» constituyen el resto de alegaciones sumadas.
Las propuestas expresan la oposición total o parcial al PGOU que se tramita en el momento actual y estiman que los ciudadanos ejercen a través de ellas «un control social» sobre el planteamiento presentado por el equipo de Gobierno. En este sentido, la plataforma hace referencia a uno de los artículos de la Ley de Urbanismo de Castilla y León vigente, donde estipula que «las administraciones públicas procurarán que la actividad urbanística se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la sociedad, promoviendo la más amplia participación social», recoge el reglamento.

Valdeón, dispuesta a consensuar con la oposición soluciones a la situación «anómala» tras el fallo del Supremo
La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, está dispuesta a consensuar con la oposición las fórmulas para «salir de esta situación anómala» que se presenta tras el fallo del Supremo «siempre y cuando lo hagan con responsabilidad, sentido común y respetando las opiniones de los expertos de Urbanismo que consultemos», matiza. Tras la anulación del Plan de 2001, pendiente del auto de firmeza, la regidora hace un «llamamiento a la tranquilidad» de todos los zamoranos y asegura que permanece en contacto diario con el consejero de Fomento, Antonio Silván. Los servicios de la administración regional serán los que asuman la asesoría técnica y jurídica de la institución municipal, lo que «facilita la búsqueda de soluciones a este momento difícil», reconoce la alcaldesa tras la sentencia del Alto Tribunal.