La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria, efectuó el pasado año 590 inspecciones en las 59 piscinas públicas de la provincia. En estas instalaciones se llevaron a cabo 432 controles de desinfección (para analizar los niveles de ph y cloro), que supusieron el levantamiento de 127 actas, aunque ninguna de ellas terminó en expediente, según la información que recoge la agencia Ical.

Desde la Consejería se detalla que entre los principales riesgos potenciales del uso de la piscina está el que las instalaciones no reúnan las características y condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, o que se detecte que la calidad del agua de los vasos no es correcta para el baño, o el tratamiento del agua es deficitario. Los peligros que se pueden presentar también en la piscina por la transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas, indican fuentes de Sanidad, hacen necesario establecer una adecuada vigilancia de las instalaciones y de su dotación material, de las prácticas de manejo y, sobre todo, de la necesaria desinfección que impida la proliferación de gérmenes principalmente ligados a procesos gastroentéricos y oculodérmicos.

En total el pasado año se realizaron 3.879 visitas de inspección a las 810 piscinas de uso público censadas en Castilla y León. Estas inspecciones se llevaron a cabo tanto en las 532 piscinas municipales registradas como en aquellas pertenecientes a clubes o asociaciones de diversos tipos. Durante el año 2006 se ejecutaron 4.240 controles de desinfección que supusieron el levantamiento de 2.354 actas, con las que la Administración sanitaria sólo abrió tres expedientes sancionadores.