La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que renuncia a su idea inicial de fijar un tope de 90 días al año para el 'roaming' gratuito en la Unión Europea, pero plantea ligar a la residencia del usuario y al volumen de consumo en itinerancia nuevas salvaguardas para evitar "abusos" de los europeos cuando utilicen su teléfono móvil en otro Estado miembro.

La nueva propuesta de Bruselas, cuyos detalles deberán concretarse en los próximos meses en contacto con los Estados miembros, dejará en manos de las operadoras la vigilancia y la respuesta que dar si detectan usos abusivos del roaming libre de cargas adicionales.

Los criterios para medir el uso adecuado del 'roaming' gratuito tendrán en cuenta factores de residencia o de "vínculos permanentes" a un Estado miembro, para controlar, por ejemplo, si el cliente tiene un volumen mucho mayor de comunicaciones en itinerancia que en su país de residencia.

Las compañías también podrán vigilar si una tarjeta SIM tiene una actividad casi nula en el país en el que ha sido adquirida y, sin embargo, se utiliza mayoritaria o completamente en modo roaming.

Si se cumplieran estos supuestos, la operadora podrá imponer al usuario un recargo por llamada, mensaje o volumen de datos estipulado en el contrato, siempre que advierta con anterioridad al cliente, quien podrá recurrir a la autoridad nacional reguladora la decisión.

Así, la compañía podrá aplicar el sobrecargo de manera automática, aunque deberá devolverlo al usuario si éste recurre y las autoridades competentes deciden finalmente que hubo un uso correcto de las condiciones de roaming gratuito.

El vicepresidente de la Comisión responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, ha presentado la nueva propuesta en una rueda de prensa junto al comisario de Telecomunicaciones, Günter Oettinger, en la que han defendido la necesidad de establecer límites para proteger el mercado.

Ansip ha comparado el fin del 'roaming' con sobrecargo en junio de 2017 a que existiera un billete de metro europeo que permitiera usar esta infraestructura en cada ciudad de la UE al mismo precio, lo que, según el vicepresidente, llevaría a la "ruina" de las empresas que gestionan el transporte público.