Nada cambia. El mecanismo siempre es el mismo.
Alguien dice en voz alta:
- Esto pasa y pido que se investigue.
De inmediato, quienes se dan por aludidos, saltan con arreglo al férreo guión:
- Pues al Juzgado con la pruebas. Y si no tienes pruebas, a callar.
He escrito muchas veces sobre tan sorprendente exigencia. No se puede, al parecer, formular denuncia alguna sin pruebas. Como si fuese tarea del ciudadano común y corriente, de usted o mía, investigar y acumularlas. ¿Para qué entonces querríamos a los carísimos jueces y fiscales, a la policía y a cuantos pagamos para que velen por el cumplimiento de la legalidad? Si las pruebas fuesen condición previa e imprescindible en toda denuncia, apenas habría denuncias (de hecho, en algunos asuntos apenas las hay) ni los propios jueces podrían iniciar casi ninguna instrucción. Las pruebas se supone que vienen tras la denuncia, cuando quienes son competentes y saben hacerlo se ponen a investigar. Pero en los últimos tiempos, en el ámbito político en particular, ya ven. Antes de nada, te piden las pruebas. O te exigen que cierres el pico.
Ahora bien, resulta que incluso si llegaras a tener pruebas de algo o cuando menos indicios suficientes como para que el sistema judicial tomase en consideración tu denuncia, tampoco entonces podrás hablar demasiado.
Hasta que no haya sentencia, la presunción de inocencia es sagrada. Ni se le ocurra meterse con esos que ha denunciado.
Así que, so pena de ser tú el condenado, habrás de seguir callado mientras la maquinaria judicial, célebre por su agilidad, instruye la causa, lleva a juicio y dicta sentencia.
Pero es que incluso si esto último llegara a ocurrir, si muchos años después de una denuncia hubiera sentencia de culpabilidad contra alguien, llega la tercera fase en la que hay que seguir, mucho ojo, con el pico cerrado.
- Todas las sentencias son provisionales mientras quepa recurso.
Y como recursos hay para dar y tomar, hasta llegar al Constitucional y si hace falta a Estrasburgo o a La Haya, sigue rigiendo la presunción de inocencia y no cabe acusar de nada a nadie. Así funciona la cosa. Y por eso nunca se pude decir nada, ni señalar a nadie, ni plantear apenas ninguna denuncia. Y por eso no hay un solo corrupto en la cárcel pese al tufo que apesta por todo el país.
Pero, bueno, ya saben: más vale que haya un millón de mangantes en la calle que uno solo inocente en prisión o puesto en la picota. ¿No es ese el principio que rige nuestra legalidad, particularmente en urbanismo y sobre todo si afecta a políticos y allegados? Pues amén. Y a callar.
