15 de septiembre de 2017
15.09.2017
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Instan al PSOE a adoptar medidas por el "exceso de ruido" en Trasalfóndiga

El Procurador del Común pide al Ayuntamiento que revise si tres locales cumplen las condiciones de las licencias

17.09.2017 | 17:59

El Procurador del Común ha instado al Ayuntamiento de Toro a adoptar una serie de medidas en respuesta a las denuncias formuladas por vecinos de la calle Trasalfóndiga, por el "exceso de ruido" que soportan desde hace años en las noches de los fines de semana. Así, en la resolución dictada el pasado 1 de septiembre, el Procurador del Común pide al Ayuntamiento que garantice que la actividad de uno de los locales de la calle se ajusta a los límites máximos de emisión de ruidos permitidos, conforme a la licencia municipal de bar otorgada, "procediendo al precinto de los equipos musicales mientras no regularice la actividad de disco-bar mediante la obtención de una nueva licencia". Del mismo modo, insta a la institución local a que solicite a la Diputación la realización de las mediciones de ruido pertinentes con el fin de comprobar que los ruidos generados por los equipos musicales de otros dos establecimientos de la calle Trasalfóndigga no superan los límites de emisión de ruidos y que proceda a adaptar sus licencias a la de categoría de bar especial.

En este punto, los denunciantes recordaron que, hasta en tres ocasiones, han pedido al Ayuntamiento la revisión de oficio de la licencia ambiental de los citados locales de ocio. En su resolución, el Procurador del Común, también pide a la institución local que acuerde la incoación de expedientes sancionadores contra dos locales, por incumplir las condiciones de las licencias municipales otorgadas y "funcionar con puertas y abiertas y sin limitador acústico", tal y como reflejó el Seprona en una denuncia remitida en octubre del pasado año. Además, recuerda que estos incumplimientos pueden calificarse como graves o muy graves, dependiendo de si han producido un deterioro grave para el medio ambiente o han puesto en peligro la seguridad o la salud de las personas.

La entidad concede un plazo de dos meses al Ayuntamiento de Toro para comunicar si acepta o no la resolución y le insta a que remita una copia de los actos administrativos que lleve a cabo para cumplirla. Por último, los denunciantes recuerdan que, desde hace tres años, esperan que el Ayuntamiento adopte las "medidas legales" que ahora le recuerda el Procurador del Común.

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