24 de junio de 2017
24.06.2017
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El Superior de Justicia ratifica el fallo que exime al Ayuntamiento del pago de 3,5 millones

La empresa Granja Florencia demandó a la institución tras considerar que, por su inacción, no había podido ejecutar la instalación de una mini central térmica

26.06.2017 | 00:49
De izquierda a derecha, Medina, Del Bien y Ruiz explican el contenido de la resolución judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la sentencia dictada en primera instancia por el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora que, en octubre de 2016, desestimó una demanda presentada por la empresa Granja Florencia por la que reclamaba al Ayuntamiento de Toro más de 3,5 millones de euros por daños patrimoniales, al no haber podido ejecutar el proyecto de instalación de una mini central térmica en Granja Florencia. El alcalde, Tomás del Bien, hizo pública ayer la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha dado la razón al Ayuntamiento de Toro, tras desestimar el recurso de apelación presentado por la empresa y matizó que confirma la primera sentencia, además de resaltar que el "fracaso" del proyecto de instalación de una mini central térmica no es imputable a la institución local, a la que exime de cualquier responsabilidad. Para el alcalde, esta nueva resolución judicial supone una "alegría", ya que la reclamación patrimonial realizada por la empresa supone más de la mitad del presupuesto municipal y, por tanto, "hubiera supuesto un quebranto inviable y el caos total para el Ayuntamiento".

Por su parte, la concejala socialista, Pilar Ruiz, ahondó en el origen del procedimiento judicial y destacó que la empresa Granja Florencia presentó una reclamación contra el Ayuntamiento por "lucro cesante y daño emergente", es decir, por la inversión realizada y por los beneficios que tenía previsto obtener con la venta de energía.

En concreto, mediante esta demanda, la empresa reclamaba al Ayuntamiento el valor de la concesión, los gastos derivados de la ejecución del proyecto, gastos financieros, el importe del aval, el lucro cesante y los intereses de demora. El juzgado contencioso administrativo de Zamora reconoció en su sentencia que el retraso acumulado en la ejecución del proyecto, cuyo plazo era de 36 meses, no es imputable al Ayuntamiento, sino a otras resoluciones administrativas de otras instituciones o a sus proyectos de ingeniería. Además, Ruiz confirmó que contra la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.

Por otra parte, la concejala de Economía, Ángeles Medina, recordó que el PSOE accedió a la Alcaldía en junio del 2015 y, a finales de agosto, el juzgado notificó al Ayuntamiento que la vista sobre este caso tendría lugar en septiembre, por lo que el equipo de Gobierno tuvo que reaccionar con celeridad para defender los intereses de la entidad local. Además, precisó que la empresa decidió recurrir a la vía judicial por la "inacción" del Ayuntamiento que no había respondido a ninguno de sus requerimientos.

Por último, Medina reconoció públicamente el trabajo del Gobierno local, de los técnicos y de los asesores jurídicos que tuvieron que revisar un extenso expediente y preparar la defensa del Ayuntamiento.

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