El Ayuntamiento abordó ayer en comisión informativa una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de utilización de los servicios de las piscinas municipales que implicará que, durante la próxima temporada de baño en la piscina de verano, no se incrementarán los precios por el uso de las instalaciones, aunque si se establecen distintas "correcciones", como la relativa a la diferenciación entre usuarios empadronados o no en el municipio. La concejala de Economía, Ángeles Medina, recordó que el pasado mes de septiembre fue aprobada la propuesta de unificar en una única ordenanza las dos que regulaban el funcionamiento de las instalaciones de baño de invierno y verano, con la intención de "externalizar" el servicio y sacar a licitación la gestión conjunta de ambas piscinas, tras constatar que son deficitarias.

Por la complejidad del expediente que es preciso tramitar y por el volumen de trabajo que acumulan los servicios técnicos, como apuntó Medina, el equipo de Gobierno socialista no ha podido aprobar el pliego para licitar la gestión conjunta, por lo que elevará al pleno la modificación de una de las ordenanzas para poder prestar el servicio de piscina de verano, lo que conllevará que los precios de entradas, abonos y carnés se mantendrán igual que el pasado año, aunque si se incorporan algunas "correcciones", ya que se elimina la diferencia ente los usuarios empadronados en Toro y aquellos que no lo están.

De esta manera, Medina, precisó que esta modificación supone un "parón" en las pretensiones del equipo de Gobierno de licitar la gestión conjunta de ambas piscinas aunque, para llevar a cabo este objetivo, primero será necesario subsanar, como apuntó, las "deficiencias" detectadas en la climatizada y que han sido plasmadas en un informe redactado por el ingeniero municipal, actuación que supondrá una elevada inversión. En este punto, Medina subrayó que, desde su construcción, la piscina cubierta adolece de diversas deficiencias y que era preciso contar con una certificación técnica, como la elaborada por el ingeniero, para poder convocar el proceso de adjudicación con el que el Gobierno local pretende externalizar la gestión de los recintos de baño.