El alcalde de Toro, Tomás del Bien, podría ser suspendido de sus funciones por un periodo de entre seis meses y dos años, tras la "denuncia" remitida al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Zamora por el Procurador del Común de Castilla y León, basada en la ausencia de respuesta a diversos requerimientos realizados al Ayuntamiento por la institución regional. El Partido Popular de Toro confirmó ayer que ha recibido una notificación en la que se especifica que, ante la falta de respuesta del alcalde a los reiterados requerimientos formulados sobre una queja presentada por los concejales populares y relacionada con diversas solicitudes de acceso a información que no habían sido atendidas, el Procurador del Común se ha dirigido al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Zamora "poniendo en su conocimiento los hechos acaecidos en la tramitación del expediente, por estimar que pudieran ser constitutivos del delito tipificado en el artículo 502 del Código Penal".
El mencionado artículo especifica que, en penas de suspensión de empleo o cargo público por un periodo de seis meses a dos años, incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculice la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, en este caso el Procurador del Común de Castilla y León, "negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación". Ante estos hechos, el grupo popular en el Ayuntamiento de Toro ha denunciado públicamente "la falta de transparencia" del alcalde y de su equipo de Gobierno, "quienes incumplen de forma sistemática lo establecido en la Ley de Bases y el Reglamento de Funcionamiento y Organización de las Entidades Locales (ROF) respecto a la información a facilitar a los concejales". Los hechos que han motivado la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial tienen su origen en una queja realizada por el PP y relativa a la petición de documentación de diversos expedientes y el retraso con que se tramitan estas solicitudes.
En este punto, los concejales de la oposición recordaron que de acuerdo a la Ley de Bases de Régimen Local y al artículo 14 del ROF, ante el requerimiento de documentación de un grupo político o de un concejal, el alcalde debe contestar en un plazo inferior a cinco días, entendiéndose concedido el acceso a la documentación si no se produce contestación en el citado plazo. Ante la falta de respuesta a la solicitud de acceso a diferentes expedientes, como el relativo al gasto de Las Edades del Hombre que, según el PP, "después de varios meses aún no ha sido atendida", el portavoz popular se dirigió al Procurador del Común para poner en su conocimiento estos hechos.
Hasta seis requerimientos ha remitido, en distintas fechas, la institución regional al Ayuntamiento sin obtener respuesta aunque, en estos escritos, ya se advertía al alcalde sobre las posibles consecuencias de la ausencia de contestación. En concreto, en las dos últimas notificaciones remitidas, el Procurador del Común advertía personalmente al alcalde que el incumplimiento de la obligación de auxilio a la entidad podría dar lugar a una responsabilidad penal. Finalmente, el Procurador del Común ha decidido poner en conocimiento del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial estos hechos, por estimar que pudieran ser constitutivos de un delito, aunque también hará constar la falta de respuesta del Ayuntamiento de Toro en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con la institución y en el informe que presenta anualmente a las Cortes. Del mismo modo, recientemente, el Procurador del Común se ha dirigido al Ayuntamiento de Toro para manifestarle su "malestar" por la ausencia de contestación a sus reiterados requerimientos de información y por la imposibilidad de comunicarle al portavoz popular el resultado de sus actuaciones supervisoras, acerca de los hechos denunciados en su escrito de queja.
Por otra parte, el Partido Popular ha calificado estos hechos como "sumamente graves" y ha instado al alcalde a que reconsidere su postura y a que "no vuelva a obstaculizar la labor de oposición de este grupo". Igualmente el grupo municipal popular ha solicitado públicamente al alcalde que, "de manera inmediata conteste debidamente a los requerimientos de otras instituciones y muestre el respeto que estas merecen".
Por último, los concejales de la oposición matizaron que "resulta intolerable llegar a estos extremos en los que el alcalde puede ser procesado por su falta de transparencia", a la vez que subrayaron que "los toresanos no se merecen que su máximo mandatario sea tan sectario y oculte, de manera sistemática, información a los grupos políticos, a las instituciones y, por consiguiente, a los ciudadanos de Toro".
