La Fundación Intras desmintió ayer las acusaciones realizadas por el sindicato UGT sobre "irregularidades" en la situación laboral de los trabajadores de la residencia que gestiona en Toro y su supuesta repercusión en el servicio prestado a los usuarios. En primer lugar, la entidad precisó que el centro residencial cumple con los ratios de personal establecidos en el convenio suscrito con la Gerencia de Servicios Sociales y que incluso los supera, ya que cuenta con una decena de cuidadores en plantilla, uno de ellos a media jornada, por lo que rebasa en 3,5 trabajadores los citados ratios. Además, subrayó que, desde la apertura de la residencia en el año 2008 hasta la actualidad, todas las inspecciones anuales realizadas por la Gerencia de Servicios Sociales "han sido positivas" y han servido para confirmar un adecuado cumplimiento de los criterios de funcionamiento establecidos por el convenio vigente.
En estas inspecciones anuales, según la Fundación Intras, "se incluyen", entre otros aspectos, los calendarios anuales y los cuadrantes de turnos de los trabajadores. En este punto, la entidad precisó que en las inspecciones realizadas por la Gerencia de Servicios Sociales en el último año, a petición de UGT, "se ha obtenido el mismo resultado". Por otra parte, destacó que el pasado 15 de diciembre y a instancias del sindicato, la Inspección de Trabajo realizó una visita al centro y comprobó que "todas las recomendaciones previas se están cumpliendo, por lo que no se emitió informe negativo o sanción alguna". Del mismo modo, Intras subrayó que el centro residencial cuenta con un representante de los trabajadores, sin afiliación sindical, "que no ha recibido queja alguna de los empleados", a la vez que matizó que la Fundación ha facilitado toda la documentación solicitada por los organismos oficiales pertinentes, con el objetivo de "colaborar para solventar una posible situación irregular en el centro". Por último, la Fundación Intras destacó que denuncias públicas como la realizada por el sindicato UGT "ponen bajo sospecha, de forma injustificada, el funcionamiento de entidades suficientemente acreditadas y que cumplen con todos los requerimientos legales, puesto que alimentan el estigma social existente hacia los centros de atención y sus profesionales, así como a las personas con enfermedad mental a las que prestan servicio".
