Las Cortes regionales cierran filas en defensa de la remolacha

Los seis partidos aprueban una batería de medidas para modernizar el sector, que se liberalizará a partir de 2017

23.09.2016 | 01:03
El grupo parlamentario socialista aplaude a la tribuna de invitados durante el pleno de las Cortes.
El grupo parlamentario socialista aplaude a la tribuna de invitados durante el pleno de las Cortes.

Las Cortes de Castilla y León cerraron ayer miércoles filas en apoyo del cultivo de la remolacha con la aprobación por unanimidad de la propuesta pactada por todos los grupos destinada a hacer frente al reto que tiene el sector tras la desaparición de las cuotas y la liberalización del mercado en septiembre de 2017. Además, todos los grupos han adoptado medidas para mejorar un sector que entre productores e industria, se articula con 4.800 agricultores y unos 1.500 empleos directos.

El acuerdo presentado en el pleno de las Cortes, lleva la firma de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL, recoge un conjunto de propuestas como la colaboración entre las administraciones, los agricultores remolacheros y la industria; la mejora de las infraestructuras de regadío, concentración parcelaria y caminos; de promoción del cultivo y asesoramiento al productor; y de fomento de la incorporación de jóvenes para rejuvenecer el sector a través de ayudas del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

La desaparición de las cuotas dentro de un año se presenta por los firmantes del texto como un reto, pero también como una oportunidad. El techo de producción en España está en 500.000 toneladas y el consumo es de 1,3 millones, de ahí que se tengan que importar otras 900.000, argumento al que acudieron los proponentes para aseverar que un mercado liberalizado es una "oportunidad" para aumentar la producción y abastecimiento.

Entre las medidas del acuerdo se encuentran la modernización de regadíos para reducir el volumen de costes fijos asociados al cultivo de la remolacha en Castilla y León, mejorar la eficiencia en el uso del agua y de la energía e incrementar la rentabilidad de los terrenos de esta producción, con especial atención a las energías renovables.

Además, se apuesta por potenciar la concentración parcelaria, en especial en las áreas de cultivo próximas a los centros de producción, mediante la unión de pequeños grupos de parcelas colindantes, para aumentar su tamaño medio y facilitar la transición a una modernización del regadío. Además de acondicionar los caminos para una mejor circulación de los camiones de transporte, fomentar los drenajes artificiales en las parcelas y adelantar las campañas de riego.

En relación a propuesta, el procurador del PP, Óscar Reguera, incidió en la desaparición de las cuotas como un elemento de oportunidad para los agricultores de la Comunidad y apeló a la necesidad del trabajo conjunto de las partes y al cumplimiento de los acuerdos con la industria.

Por su parte, el socialista Juan Luis Cepa manifestó que "nos queda la duda que el gran acuerdo de las Cortes se quede en nada, pero esperemos que no se quede en un mero titular de prensa. De no ser así, no volveremos a firmar proposiciones que no sirven para nada".

Félix Díez, de Podemos, confía en que el fin de cuotas no lleve al sector de la remolacha a que ocurra lo mismo que con el lácteo. "La liberalización de este sector puede suponer el todo o la nada", aseveró, para pedir la colaboración de todos para que lo pactado se desarrolle.

El procurador de Ciudadanos, David Castaño, apeló al azúcar como un cultivo estratégico, ante la disminución de su consumo en Europa por las dietas, y se mostró convencido de que cada país "hará la guerra por su cuenta". De la propuesta, destacó también reducir los costes asociados al cultivo e insistió en la necesidad de competir en igualdad de condiciones con otros países europeos.

Por su parte, José Sarrión (IU) valoró positivamente la presentación de esta iniciativa para proteger el sector y anunció que estará vigilante en su cumplimiento. El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, se mostró "feliz" por el acuerdo, pero alertó que las propuestas aprobadas deben contar con partidas económicas para "no generar desconfianza" en las partes.

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