Una década llevan esperando los vecinos de la calle Prisión a que el Ayuntamiento adopte medidas y ordene el derribo de una vivienda cuyo estado de deterioro es "alarmante" o, en su defecto, proceda a intervenir de forma subsidiaria para evitar posibles incidentes. Vecinos de la calle explicaron que, en reiteradas ocasiones, han trasladado sus quejas al Ayuntamiento, sin que el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular y los actuales mandatarios socialistas, hayan atendido sus reclamaciones. Por el momento, como apuntaron los afectados, el Ayuntamiento se ha limitado a instalar unas vallas de protección, medida que, sin embargo, no impediría que si el edificio se derrumba provoque daños en las viviendas situadas enfrente, por la estrechez de la calle Prisión. En este punto, los vecinos aseguraron que, por el paso del tiempo y la inacción de la administración local, el estado de la vivienda se ha agravado aún más y las cesiones se pueden observar a simple vista.

De hecho, en la calzada se pueden apreciar cascotes procedentes del inmueble en ruinas porque, como apuntaron los vecinos, "poco a poco se va desmoronando", con el consiguiente peligro para las personas que residen en la citada vía y para las viviendas más próximas. Ante el temor de que pueda producirse el hundimiento de la casa, los vecinos han alertado en varias ocasiones a la Policía Local, cuyos agentes se han personado en la calle para redactar el oportuno informe. Incluso, según los vecinos, el arquitecto municipal se ha trasladado en varias ocasiones a la vía para revisar el estado del inmueble, sin que por el momento la concejalía de Obras y Urbanismo haya urgido a sus propietarios a proceder a su derribo para evitar posibles incidentes. Por otra parte, los afectados destacaron que, en varias ocasiones, el Ayuntamiento se ha comprometido a instar a los propietarios del citado edificio a que procedan a su demolición sin que hayan cumplido con su obligación. Ante esta situación, para los afectados, "lo lógico" es que la administración local actúe de oficio y de forma subsidiaria, derribando el edificio y obligando a sus dueños a asumir el coste de la actuación.

Las reiteradas quejas de los residentes en la calle no han sido atendidas hasta ahora, a pesar de que, como precisaron, "pagamos los mismos impuestos que todos los ciudadanos de Toro". Reconocieron los vecinos que se sienten "indefensos", por lo que "como última medida" no descartan acudir a la vía judicial para exigir que, de forma urgente, el edificio situado en el nº 13 de la calle Prisión sea derribado, con el fin de evitar posibles daños personales o materiales.

Asimismo, invitaron a las autoridades locales a que se personen en la citada vía para comprobar la situación de la casa y el riesgo inminente de desplome, al objeto de que, en la mayor brevedad posible, se adopten medidas. Por último, criticaron que los servicios de limpieza municipal "no barren nunca la calle", que, como puntualizaron los vecinos, "está abandonada".