Casi cinco años se ha dilatado el proceso judicial iniciado en 2011 por nueve personas tras la presentación de una querella en el juzgado de Toro contra Azucarera, por presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores. Tras la admisión a trámite de la querella, a la que posteriormente se sumaron otras siete personas y la realización de distintas inspecciones, tanto oculares como de recogida de muestras en la fábrica toresana, comparecieron en sede judicial varios directivos de la compañía, así como otros testigos de la acusación particular, entre los que se encontraban ex trabajadores de la fábrica toresana y familiares de empleados ya fallecidos.

En septiembre del 2014, el juzgado de Toro decretó el archivo provisional de la querella tras considerar que no existía una relación causa-efecto entre las enfermedades o el fallecimiento de antiguos trabajadores y la exposición al amianto. Esta decisión fue recurrida por los querellantes ante la Audiencia Provincial que, el pasado mes de diciembre, desestimó el recurso de apelación.

Tras conocer esta resolución los querellantes, junto a su abogado, estudiaron la posibilidad de interponer una nueva demanda para reclamar daños y perjuicios ante la jurisdicción laboral aunque, finalmente, por el tiempo transcurrido, la gran mayoría de ellos no podrá continuar con el proceso.