Afectados por el amianto recurren el archivo de la querella dictaminado por la Audiencia

El abogado afirma que la resolución es "errónea e injusta", por lo que alegará "indefensión" de los demandantes y vulneración de derechos fundamentales

08.12.2015 | 06:10
Afectados por el amianto recurren el archivo de la querella dictaminado por la Audiencia

"No se puede archivar una causa por pequeños matices, lo esencial está probado". Así de rotundo se mostró ayer Román Oria, abogado de las personas que, en el año 2011, interpusieron una querella contra Azucarera por presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores y con la que pretendían demostrar la relación directa entre el fallecimiento de sus familiares o las enfermedades que padecen y la exposición al amianto. Tras el archivo del procedimiento decretado recientemente por la Audiencia Provincial, el abogado estudia ahora distintas opciones para que "se haga justicia" ante la "indefensión" de los querellados, por lo que denominó "disfunciones" de la Administración de Justicia y que tienen su origen en el "mal funcionamiento de algunos órganos judiciales".

En este punto, reconoció "la carga de trabajo y la falta de medios de los tribunales", aunque, a su juicio, resoluciones como la dictada por la Audiencia Provincial "son profundamente injustas y erróneas en Derecho". Arropado por algunos de los querellantes, Oria explicó algunos detalles del procedimiento iniciado contra Azucarera y que, a su juicio, evidencian la "gravedad" de las disfunciones citadas. Así, recordó que la querella se interpuso en 2011 y, después de tres años de instrucción, la juez titular de Toro solicitó la excedencia, por lo que una magistrada sustituta se tuvo que hacer cargo del procedimiento. Después de un breve espacio de tiempo, la nueva jueza dictó una resolución por la que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa. El auto judicial emitido por la magistrada sustituta incurre, según Oria, en "una falta de consistencia y en errores muy graves". A modo de ejemplo citó que la prueba testifical no ha sido valorada en su justa medida, a pesar de que "ha sido concluyente porque por el juzgado han pasado testigos, nada sospechosos, que han asegurado que había amianto en la fábrica y que no había ni una sola medida de vigilancia". El relato de los testigos, como apuntó el letrado, no fue presenciado por la jueza sustituta y, así, en su sentencia, especifica que no "daba la credibilidad debida a esa prueba testifical". En cuanto al "segundo escalón", el de la Audiencia Provincial, Oria recordó que, a lo largo de la instrucción, ha dictado resoluciones "rigurosas, bien fundamentadas y con conocimiento", en contestación a los recursos presentados por Azucarera, por los que pedía el archivo de la causa. Estas resoluciones, que fueron dictadas por el presidente de la Audiencia, según Oria, reconocen que en las instalaciones de Azucarera "hay amianto en alguna de sus dependencias, que su incidencia en la salud de las personas expuestas al mismo es evidente y que se requieren una serie de medidas protectoras en orden a evitar perjuicios". Sin embargo, en el auto dictado recientemente por otra "ponente" de la Audiencia Provincial, según el letrado, "nos encontramos con que la prueba testifical es dudosa" porque los testigos "puede tener intereses o vinculación con los afectados". Por otra parte, Oria cuestionó también al Ministerio Fiscal porque "tiene un tanto por ciento de responsabilidad grande" en el archivo del procedimiento.

A pesar de que el auto de la Audiencia Provincial no da lugar a un posible recurso, Oria anunció que estudiará otras vías diferentes a la jurisdicción penal. Así, la primera opción es acudir al Tribunal Supremo, mientras que la segunda es solicitar la reapertura del caso, porque se han adherido dos nuevos querellantes. La tercera vía a considerar es interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por "vulneración de derechos fundamentales" y la última es trasladar la reclamación de daños y perjuicios a la jurisdicción laboral. En el plazo máximo de dos semanas, los querellantes junto a su abogado, deberán adoptar una decisión sobre el camino a seguir para que, al menos, se celebre el juicio.

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