La Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y las Declaraciones Obligatorias de la Producción en el sector vinícola serán las nuevas normas que se pondrán en funcionamiento esta campaña. Unas nuevas reglas que los diferentes estamentos de la producción del vino de Toro ven positivas como afirma el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, Antonio Moyano, tras aventurar que «esperemos que sean buenas para el sector y tengan como consecuencia un mayor beneficio tanto para el comprador como para el vendedor». En esta misma línea se sitúa Pablo Domínguez, viticultor de COAG natural de Morales de Toro, que ve positivo que «se considere la uva como algo perecedero y se establezca un plazo de comercialización de la misma». Por su parte, el propietario de Bodegas Liberalia , Juan Antonio Fernández, considera que «todo lo que sea trabajar por la calidad alimentaria de los productos agropecuarios me parece acertado. Ojalá que estas medidas sean positivas para todas las partes y se pueda cumplir».
Así las cosas, la Ley de Calidad Alimentaria pretende establecer la obligatoriedad de formalizar contratos por escrito con un productor primario salvo que las uvas se abonen al contado. Unos contratos que recogen cuestiones como el precio de la uva y sus respectivos pagos y descuentos.
Una venta cuyo precio podrá tener una cuantía fija y otra variable que se determinará en función de factores objetivos y verificables y, dado que la uva de vinificación es un producto de alimentación fresco y perecedero, dichos aplazamientos del pago de la misma no podrán exceder más de 30 días a partir de la fecha de la entrega de la mercancía.
En este sentido, Pablo Domínguez considera la nueva norma como acertada aunque apostilla que «la clave está en que se haga cumplir la ley ya que la mayoría de los viticultores están vendiendo la uva sin saber el precio y además tardan en cobrar». Una regulación que para Juan Antonio Fernández pasa por “que esta se aplique correctamente atendiendo «a la situación real del sector». Una realidad que para Amancio Moyano pasa por «la ley de la oferta y la demanda del producto que es lo que determina todas estas homologaciones. En el sector vinícola, la oferta suele ser superior a la demanda y de ahí los problemas de falta de precio no que estos no estén regulados. Aún así, las carencias del sector van más en la línea de promoción del producto para conseguir incrementar la venta de vino.»
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura también ha aprobado las Declaraciones Obligatorias de la Producción que se centrarán en una mayor trasparencia en cuanto al control de producción de la uva. Una regulación que llevará a los bodegueros a presentar anualmente una declaración de su cosecha donde se especificará el destino de la producción de la uva y sus diferentes usos.
Una declaración de la que estarán exentos, sobre todo, los productores cuya uva se destine al consumo en estado natural o la explotación de pequeñas viñas en producción (siempre que estas no se comercialicen).
Por otra parte, los productores que tengan que presentar dicha declaración tendrán de plazo hasta el hasta el 10 de diciembre de cada año ante el órgano competente de la comunidad autónoma o mediante presentación electrónica a través del Registro General de Operadores del Sector Vitivinícola (REOVI).
En relación con este asunto, Antonio Moyano cree que esta norma «incrementará el trabajo burocrático donde lo positivo reside en que el Ministerio tenga datos más reales de la actualidad del sector». Un control que para Juan Antonio Fernández pasa por «conocer las cualidades de la uva así como por tomar decisiones mediante consenso entre productores y elaboradores». Por su parte el viticultor Pablo Domínguez considera que esta circunstancia «no supondrá ningún problema para el productor ya que la Denominación de Origen Toro está exigiendo controles».
El cobro de la uva en 30 días es uno de los grandes aciertos para los viticultores toresanos
Además de esta declaración, todos los productores y almacenistas deberán presentar mensualmente una declaración detallada de su producción antes del día veinte del mes mediante el sistema electrónico REOVI. Una normativa que exime de presentación a, entre otros, los productores que obtengan en sus instalaciones una cantidad de vino inferior a 10 hectolitros no destinada a la comercialización. Por otra parte, aquellos productores cuya producción de vino y mosto sea menor de 1.000 hectolitros elaborarán únicamente las declaraciones de los meses de diciembre, marzo y agosto.
Así las cosas y, a raíz de esta nueva normativa, el propietario de Liberalia, Juan Antonio Fernández, lanzó una reflexión sobre estos nuevos controles al asegurar que «es bueno todo lo que sea calidad y control del vino ya que esto repercute en el valor del mismo de forma directa». Una línea a seguir que recalca Amancio Moyano, presidente de la D.O. Toro, el cual incide en que «los más interesados son los viticultores ya que son los primeros interesados de que su producto tenga la mayor calidad al igual que los bodegueros que tienen claro que la materia prima es fundamental para obtener la máxima calidad».
En cuanto al futuro de estas nuevas normas, todos los estamentos coinciden en que hay que seguir trabajando independientemente de las normas que regulen el sector ya que como afirma Juan Antonio Fernández «lo importante es seguir trabajando para mejorar y aplicar o retocar las medidas en función de cada momento».
En definitiva, estas nuevas normativas incidirán en la regulación y control de las relaciones entre todas las partes del sector vinícola donde la uva debe seguir siendo el bien más preciado.
