La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclamará a Azucarera el pago de un millón de euros para más de 700 agricultores por incumplir el acuerdo de reestructuración suscrito en marzo del 2008 entre la Consejería de Agricultura, la industria Azucarera y ACOR, que garantizaba un precio mínimo de 40 euros por tonelada de raíz. Esta reclamación formal será planteada por la organización después de que una sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, haya dado la razón a un socio de UCCL y a una cooperativa segoviana.
La organización agraria hizo público ayer el contenido de la sentencia que, según UCCL, condena a la industria a pagar el precio recogido en el acuerdo de 2008, más los intereses legales desde el cumplimiento de la obligación, así como las costas judiciales. Además, para UCCL, esta sentencia supone que más de 700 remolacheros podrán reclamar a Azucarera el pago de las cantidades no abonadas y recordó que fue la única organización agraria que se opuso a que los cultivadores dejaran de percibir el pago por la pulpa que, a su juicio, es un «derecho histórico», adquirido por los agricultores. Así, UCCL calcula que Azucarera ha dejado de pagar, en total, más de tres millones de euros.
El acuerdo firmado en 2008, como recordó el sindicato agrario, fijaba un precio mínimo de 40 euros por tonelada y las industrias se comprometían a pagar 2,3 euros por la remolacha sin pulpa y la Consejería de Agricultura tres euros más. Únicamente Acor cumplió este acuerdo, lo que motivó la interposición de una demanda por parte de un cultivador, así como un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Agricultura.
Por su parte, Azucarera aseguró ayer que la sentencia de la Audiencia Provincial no es firme, por lo que considera «prematuro» realizar cualquier valoración sobre la repercusión que puede tener y anunció que, en los próximos días presentará un recurso. Asimismo, aclaró que la industria está obligada a pagar el precio fijado en el contrato de compraventa y que ese precio es el establecido en los acuerdos interprofesionales.
En este punto, matizó que el acuerdo firmado en 2008 con la Junta de Castilla y León «no es un acuerdo interprofesional» y, por lo tanto, «no forma parte del acuerdo de compraventa sino que para su aplicación es necesario alcanzar otros acuerdos parciales que son los firmados por las OPAs». Además, a su juicio, la Audiencia Provincial, además de apoyar su decisión en un reglamento que estaba derogado cuando se firmaron los contratos, ha dejado de aplicar la normativa europea que regula los contratos de suministro de remolacha y que, expresamente, establece que las condiciones de venta se fijarán mediante acuerdos interprofesionales. Por último, recordó que el precio fijado fue acordado por Azucarera y todas las organizaciones agrarias, a excepción de una.
