Han pasado casi siete años desde que el joven J. B. D. de 25 años de edad y natural de Benavente, falleciera al resultar electrocutado cuando se encontraba instalando una línea de media tensión para dar cobertura eléctrica a la finca de Villaguer, ubicada a pocos kilómetros de Toro. Desde entonces, sus familiares esperan que «se haga justicia» y que concluya un largo proceso judicial en el que están imputados el ex presidente de Pevafersa, Vicente Fernández Manso, y otros cuatro responsables de la industria fotovoltaica toresana, por presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores. Los familiares confían en que, en breve, se fije la fecha del juicio, que se celebrará en el Juzgado de lo Penal de Zamora, una vez presentadas las calificaciones de todas las partes y después de que la Audiencia Provincial haya desestimado un recurso de apelación interpuesto por el ex presidente de Pevafersa.

En el dictamen emitido por la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso este diario, se especifica que el Juzgado de Instrucción de Toro dictó en febrero del 2013 un auto que decretaba la continuación de la tramitación de diligencias previas, mediante procedimiento abreviado, contra cinco imputados y frente al que Fernández Manso formuló un recurso de reforma y subsidiario de apelación, al que se opuso el Ministerio Fiscal y que fue impugnado por la procuradora que representa a la acusación particular. Por otra parte, la Audiencia Provincial recuerda en su resolución que el auto, objeto del recurso presentado, acordó la continuación del procedimiento penal por los trámites de procedimiento abreviado, al considerar «la concurrencia de indicios suficientes para imputar a las personas que en él se citan una participación en un delito contra los derechos de los trabajadores», en relación al accidente laboral sufrido por el joven, el 22 de marzo de 2007, cuando se encontraba desarrollando su actividad laboral para Pevafersa.

En el auto dictado ahora, la Audiencia Provincial afirma que no pueden atenderse las alegaciones de Fernández Manso relativas a la falta de motivación porque, como recoge el escrito recurrido, «se ha puesto de manifiesto que, por parte de la empresa para la que trabajaba el empleado fallecido, no se adoptaron las medidas preventivas de seguridad individuales y colectivas para realizar trabajos en proximidad a una red eléctrica». Esta misma consideración, según el auto, se recoge en el informe de la Inspección de Trabajo, elaborado tras el accidente laboral. Además, la Audiencia Provincial ha decidido desestimar el recurso de apelación porque, «el plan de seguridad era incompleto, no había sido aprobado por la dirección facultativa, no había plan de seguridad para esa obra concreta y no se ha acreditado que se hubiera formado específicamente a los trabajadores de seguridad». Del mismo modo, la Audiencia Provincial ha tenido en cuenta que el empresario toresano está obligado a adoptar, todas y cada una de las actuaciones, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud en todos sus aspectos de los trabajadores que prestan sus servicios, en este caso, a Pevafersa. Por último, la Audiencia Provincial especifica en su resolución que debe mantener la imputación de Fernández Manso, porque «incluso admitiendo las alegaciones de que es uno de los componentes del Consejo de Administración, estaríamos en el supuesto de ser administrador de la sociedad para la que trabajaba el fallecido, siendo además su presidente». Contra el auto dictada por la Audiencia Provincial no cabe interponer recurso alguno en vía jurisdiccional ordinaria.