La gestión de la residencia Virgen del Canto de Toro podría cambiar de manos este mismo año si se aprueba definitivamente el anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León presentado la semana pasada en el Consejo de Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera. De esta forma, la titularidad del centro de tratamiento de enfermos psíquicos pasaría de la Diputación Provincial de Zamora a la Junta de Castilla y León, produciéndose de esta manera una merma en los ingresos tanto en la administración de Fernando Martínez Maíllo como en el propio centro.

Según dicta el documento redactado por el Consejo de Gobierno, la administración de la Comunidad de Castilla y León podrá integrar en su red de centros residenciales de titularidad pública, las residencias de personas mayores y los centros de personas con discapacidad de titularidad de las corporaciones locales. Un abanico en el que entraría en juego la residencia toresana, que actualmente depende del máximo organismo provincial pese a que no es una competencia que debe manejar.

El mayor de los conflictos de este traspaso de poderes vendría a colación de los trabajadores del centro. Actualmente, el Virgen del Canto cuenta con 75 empleados que dependen directamente de la Diputación Provincial y a los que la aprobación de este anteproyecto podría suponer un problema. Y es que la Junta de Castilla y León ha previsto la integración en la Administración del personal cuya plaza ha sido asignada directa y cualificadamente a la prestación de estos servicios, pero no así la del resto de personal «que no se ajuste a la normativa autonómica o que la comisión mixta de traspaso no valore como necesario». Así, estos últimos quedarían a expensas de la entidad local, es decir, de la Diputación, que deberá realizar un plan de reubicación en sus estructuras y formación de dicho personal.

Actualmente, la residencia Virgen del Canto de Toro cuenta con 90 enfermos dependientes de la Diputación Provincial y para los que se ha presupuestado en este curso 2013 un total de 3.052.230 euros. Una cifra que, de culminarse este traspaso de poderes, se vería fulminada directamente de los presupuestos, con el agravante de perder también a 75 empleados públicos que actualmente forman parte de la plantilla de esta administración. En definitiva, según los cálculos, la aprobación de este anteproyecto de Ley supondría al ente provincial la pérdida de cerca de medio millón de euros, es decir, el 8% del total, además de los mencionados puestos de trabajo de los que ahora son titulares.