El colectivo de profesionales del Derecho de la localidad de Toro prepara determinadas acciones encaminadas a implicar a todas las fuerzas sociales de la comarca en la defensa del mantenimiento del Partido Judicial de Toro, ya que la propuesta del Consejo General del Poder Judicial respecto a la supresión de algunos partidos judiciales, entre ellos el de la Ciudad de las Leyes, «trasciende los derechos particulares pues se atenta contra un derecho fundamental de todos los ciudadanos».

Entre estas acciones se encuentran una recogida de firmas para apoyar la permanencia del Juzgado local y una reunión con el Ayuntamiento y las fuerzas políticas municipales, así como con las de otros Ayuntamientos de la Comarca. No obstante, el colectivo ha matizado que «queremos despolitizar el tema porque perjudica a toda la comunidad».

Por otra parte, este colectivo de profesionales ya ha adoptado algunas medidas, y así, el viernes remitió un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con una crítica a la propuesta emitida por el CGPJ y una defensa de la permanencia del Partido Judicial de Toro. Este escrito, que ha sido firmado por abogados, procuradores, funcionarios del Juzgado toresano, Notaría y Registro, entre otros, está compuesto por nueve páginas en las que se detalla un análisis socio-económico y jurídico de las razones por las que este colectivo considera que no debe desaparecer el Partido Judicial de Toro. Además, incluye la consideración de que esta reforma «pondría en tela de juicio el artículo 24 de la Constitución porque éste consagra el derecho a una tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental para los ciudadanos», mientras que la centralización de juzgados en la capital «aleja el acceso y por eso atenta contra el artículo 24».

En el escrito se pone de manifiesto que la propuesta del CGPJ, "sorprendentemente, se basa en un falso argumento de que cada vez es menos necesaria la presencia de los ciudadanos en la sede judicial». Sin embargo, el colectivo opina que «estos procedimientos escritos en intervención del judiciable nos retrotraerían a épocas prehistóricas en nuestra historia judicial», por lo que «la realidad es que esta propuesta empeoraría fatalmente la calidad de la Justicia».

En este sentido, el colectivo afirma que «es una burla que se mencionen términos como eficacia, especialización o modernización, ya que es simplemente un recorte puro y duro de un servicio esencial». En cambio, aclara que «la verdadera y única justificación de la reforma es de carácter económico, buscando una reducción en los costes». Sin embargo, matiza que esta disminución de los costes para la Administración supondría un mayor gasto para el ciudadano, pues «cada procedimiento exigirá determinados desplazamientos del ciudadano rural hasta la capital, con sus gastos y la pérdida de dedicación a su trabajo». Por tanto, «entendemos que supone una clara discriminación en la prestación de un servicio público, ya que mientras el ciudadano de la capital ve reforzados sus tribunales en la puerta de su casa, en las zonas rurales tendríamos que asumir un mayor coste y esfuerzo personal para el acceso a los tribunales».

Por otro lado, explicó que, aunque con las nuevas tecnologías no se hace tan necesaria la presencia del ciudadano en el tribunal, puesto que puede hacerse mediante videoconferencia, para que ésta pueda realizarse hace falta una sede judicial en la que se pueda llevar a cabo, por lo que haría falta una en Toro, con su personal correspondiente. De esta forma, el ahorro económico «sería un absurdo» dada la necesidad de una sede y de funcionarios. Además, incidió en que estas tecnologías, al menos de momento, «no funcionan bien y dan problemas».

Señaló el colectivo que «no podemos olvidar que el Partido Judicial de Toro tiene unos 22.000 habitantes repartidos en 24 localidades y un área de 1.200 kilómetros cuadrados, y el 40% de la población tiene más de 65 años». Agregó, además, que «tampoco hay que olvidar que los transportes públicos en la Comarca son limitados y escasos, y con horarios que impedirían la presencia del ciudadano cuando los señalamientos fueran a primera hora de la mañana, y con graves problemas para el retorno».

Por otra parte, y también el viernes, representantes de este colectivo de profesionales de Toro asistieron en Benavente a la reunión de la Comisión de Gobierno del Colegio de Abogados, en la que uno de los puntos tratados fue el apoyo a Toro y Benavente, en contra de la propuesta del CGPJ. En esta reunión el Colegio de Abogados aprobó una moción, que se va a remitir a diversos organismos, por la cual «manifiesta su oposición tajante a la desaparición de los partidos judiciales», al igual que «un apoyo absoluto» para que permanezcan los dos juzgados de estas localidades, «como clara defensa respecto al servicio a los ciudadanos, por cuanto la desaparición de los juzgados supondría, más que una mejora en el servicio de la Administración de Justicia, un empeoramiento porque sería un alejamiento y dificultad de acceso del ciudadano».