Abogados y procuradores afirman que suprimir el juzgado «lleva a la despoblación»

El colectivo crea una comisión y considera que la eliminación del organismo «crea un precedente peligroso de cara al mantenimiento de otros servicios»

 
Abogados y procuradores del Partido Judicial de Toro durante la reunión mantenida ayer para analizar las consecuencias de la supresión del juzgado.
Abogados y procuradores del Partido Judicial de Toro durante la reunión mantenida ayer para analizar las consecuencias de la supresión del juzgado. Foto M. C.

M. C. El colectivo de Abogados y Procuradores del Partido Judicial de Toro creó ayer una comisión integrada por dos abogados y dos procuradores, cuya finalidad es la de informar a los distintos organismos sobre las consecuencias que supondrá la desaparición del Juzgado de Toro.




Esta medida se tomó durante la reunión mantenida por los profesionales tras la aprobación, por parte del Consejo General del Poder Judicial, de un documento con los principios básicos para el diseño de las circunscripciones judiciales de España, lo que significará la desaparición del Partido Judicial de Toro, así como los de Benavente y Villalpando, tras la nueva demarcación judicial que el CGPJ ha propuesto para la provincia de Zamora.




Por tanto, a lo largo de la reunión, abogados y procuradores del Partido Judicial de Toro examinaron el documento aprobado por el CGPJ, motivados por la «preocupación existente por las repercusiones que pueden suponer que se lleve a efecto el contenido del documento», así como «su alcance» y «la postura a adoptar al respecto, dado el claro perjuicio que supondría para la comarca de Toro y su Alfoz».




En esta reunión se tomó la decisión de crear una comisión, conformada por dos abogados y dos procuradores, con el objetivo de mantener reuniones con Ayuntamientos, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León, Comisión de Justicia del Senado y del Congreso y con el Tribunal Superior de Justicia, y también con funcionarios, agentes sociales y partidos políticos, «para explicar las consecuencias de la desaparición del Juzgado de Toro».




En este sentido, el colectivo de abogados y procuradores señaló que la propuesta del Consejo General del Poder Judicial «pone en riesgo un servicio público al alejarlo del ciudadano»; además, subrayó que esto «no va a suponer ni una justicia más rápida ni una mejor justicia», aparte de que con esta medida aprobada por el CGPJ «se infringe el principio de acercamiento de la administración de justicia al ciudadano».




Por otra parte, el colectivo advirtió también que con esta concentración de órganos judiciales «los grandes beneficiarios serían las grandes entidades, en detrimento del ciudadano».




Otra de las conclusiones a las que abogados y procuradores del Partido Judicial de Toro llegaron durante la reunión mantenida en la mañana de ayer es la de que la desaparición de servicios públicos en las comarcas, «además del perjuicio económico» que conlleva para cada zona, «supone una despoblación de las mismas», y así, según matizaron, «se ha de tener en cuenta» que esta desaparición de partidos judiciales «origina un grave problema para una población dispersa, envejecida y con nulas vías de comunicación», como sucede con la población que se encuentra en la zona de Toro y su Alfoz.




Y como otra consecuencia añadida a la supresión del Juzgado de la localidad toresana, el colectivo destacó que la eliminación de este servicio público «crea un precedente peligroso de cara al mantenimiento de otros servicios públicos, como Sanidad, Educación...», y por lo tanto, su conclusión fue que «hoy es el Juzgado, mañana el Centro básico de Salud».




Unión del Pueblo Leonés de Tierra de Campos, por su parte, señala que la desaparición de Juzgado de Villalpando, va a suponer otro grave impacto negativo tanto en la economía de la comarca de Tierra de Campos zamorana, como en la progresiva pérdida de servicios que supondría el desmantelamiento de esta oficina judicial, habida cuenta la pérdida de todos los puestos de trabajo que directa e indirectamente genera, desde funcionarios como quienes desarrollan su profesión en estas labores jurídicas, tales como abogados, procuradores, peritos judiciales, etc. y que, en modo alguno, nuestro grupo político al igual que la sociedad de Villalpando y la comarca pueden tolerar dada la nueva descapitalización de recursos que provocará.




UPL señala que se deben de tener en cuenta «razones de aproximación a la sociedad, puesto que los ciudadanos del partido judicial de Villalpando tendrán que desplazarse a más de 60 kilómetros para el ejercicio de sus pretensiones jurídicas». También apunta que «resulta indudable que si desaparecen servicios básicos como la Justicia se fomenta la pérdida de población».


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