Los funcionarios del Ayuntamiento de Toro rechazaron ayer en asamblea la nueva propuesta de «ajustes» formulada por el equipo de Gobierno popular, decisión que trasladarán hoy a la concejalía de Personal. Poco más de media hora se prolongó esta asamblea en la que los representantes de los trabajadores explicaron el contenido de la propuesta que recoge la modificación de varios de los artículos del «acuerdo» suscrito con este colectivo, como los que se refieren a permisos, vacaciones, horas extraordinarias o retribuciones. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT, Jerónimo Cantuche, explicó que, en la asamblea, los trabajadores acordaron por unanimidad no negociar esta propuesta porque «es ilegal» ya que el Ayuntamiento no tendría competencia para aplicar algunas de las modificaciones que incluye en este documento.
Durante esta asamblea, los dirigentes sindicales también explicaron a los trabajadores qué puede pasar después de que su decisión sea trasladada al equipo de Gobierno. En este punto aclaró que si el concejal de Personal, Alejandro González, decide aplicar o imponer a los funcionarios esta propuesta, «nosotros tenemos la vía judicial», a la vez que matizó que el acuerdo con el personal funcionario es vinculante y, por tanto, «lo tiene que cumplir». No obstante, aseguró que los representantes de los trabajadores están dispuestos a estudiar nuevas propuestas que pudiera plantear el Gobierno local a pesar de que, a su juicio, la negociación de posibles «ajustes» se debería haber cerrado antes del pasado 30 de marzo, cuando el Ayuntamiento aprobó el plan de saneamiento. Por otra parte, Cantuche recordó que el equipo de Gobierno fundamenta esta nueva propuesta en «los problemas económicos» del Ayuntamiento aunque, como matizó, todavía no ha entregado al sindicato UGT una copia del expediente del plan de ajuste remitido al Ministerio de Hacienda, después de que lo haya reclamado por escrito. En este punto, el dirigente sindical reconoció que, por el momento, «desconocemos si han ajustado los servicios que presta el Ayuntamiento al coste de los mismos» ya que, a su juicio, «si están ajustados habría que subir las tasas y los impuestos y si no, los tendría que suprimir, tal y como marca la norma».
