Cuatro afectados más por el amianto se suman a la querella contra la Azucarera

María Jesús Cachazo

Afectados y familiares de fallecidos presuntamente por la exposición al amianto ratificaron ayer en el Juzgado de Toro la querella conjunta presentada contra la Azucarera, por siete supuestos delitos de homicidio imprudente y dos contra la seguridad de los trabajadores. En sede judicial se personaron también tres familiares más de fallecidos y un afectado que han decidido sumarse a esta demanda aunque, en estos cuatro casos, tendrán que ratificar la querella en los próximos días, una vez que la juez revise el escrito de ampliación y la documentación aportada por la defensa. Una vez cumplimentado este trámite, necesario para que pueda continuar el procedimiento judicial, el abogado, Román Oria, compareció ante los medios de comunicación y explicó que, el siguiente paso, será que la juez llame a declarar a los responsables de seguridad e higiene en el trabajo de la factoría toresana y a los consejeros delegados de la compañía azucarera.


Por otra parte, el letrado destacó que el Juzgado ha aprobado dos medidas cautelares propuestas por los querellantes. Con la primera de estas medidas se prohibe a la Azucarera que, mientras que se instruyen las diligencias del caso, «se altere cualquier elemento fijo o móvil que pudiese destruir pruebas», no sólo en la factoría toresana sino también en otros centros de la compañía. La segunda medida cautelar adoptada por el Juzgado es que la Inspección de Trabajo remita todas las actas de inspección o infracción relativas a la fábrica toresana y que, según Oria, «nos van a arrojar luz sobre los presuntos hechos delictivos». Además, la defensa de los querellantes se ha puesto a disposición del Juzgado para «agilizar» la tramitación de la querella y la depuración de las posibles responsabilidades. No obstante, precisó que durante la fase de instrucción será necesario «profundizar más» en algunos aspectos como el que se refiere a la localización exacta del amianto en las instalaciones de la factoría toresana. En este punto, el letrado reconoció que ha solicitado al Juzgado que pida a la compañía que aporte al sumario los planos originales y las modificaciones que se han ejecutado en la Azucarera de Toro en los últimos años, aunque con toda probabilidad un perito deberá realizar una inspección ocular para comprobar si las calderas o las tuberías de conducción estaban recubiertas de amianto. Por otra parte, el letrado destacó que en la querella presentada en el Juzgado de Toro se detallan las presuntas infracciones en las que habría incurrido la compañía azucarera, en concreto, 14 «hechos punibles» que son prácticamente idénticos a los que ya han sido juzgados en Valencia, por la vía penal, en un caso muy similar y sobre el que ya existe una sentencia firme y condenatoria. Entre otros «hechos punibles», el abogado destacó que la Azucarera de Toro no elaboró un listado de los trabajadores expuestos parcialmente al amianto, no realizó una evaluación inicial ni un control continuado de las partículas de amianto, no efectuó reconocimientos médicos periódicos, no realizó un control médico preventivo y no puso a disposición de los trabajadores medios o vestuario adecuado para evitar los efectos negativos de la exposición al amianto. Durante esta comparencia Oria también anunció que, con toda probabilidad, se interpondrán nuevas demandas en otras fábricas y centros de Azucarera ya que la presentada en el Juzgado de Toro «es sólo la punta del iceberg». En este punto, subrayó que, a lo largo de su historia, la compañía ha llegado a contar hasta con 14 centros de producción, al margen de otras instalaciones y que, sobre todo en las fábricas, «muchos de los componentes estaban aislados con amianto, con una proximidad total al mismo y que, año tras año, ha generado unos daños irreversibles». No obstante, matizó que la querella contra la Azucarera de Toro es la primera que afecta al sector remolachero que «estaba algo agazapado» ya que, en España, se han presentado otras demandas similares contra empresas de otros sectores como la construcción, la metalurgia o la industria naval.


Las personas que han decidido unirse para presentar esta querella solicitan indemnizaciones que oscilan entre los 500.000 euros para los afectados que se encuentren enfermos y un millón de euros por cada uno de los trabajadores que ya han fallecido, cantidades que establece la Directiva Europea 2005/14 CE de 11 de mayo. Aunque la utilización de amianto se prohibió en el año 2001, ha sido un compuesto de uso frecuente en ciertas industrias, en este caso, las plantas de Azucarera, por su capacidad para resistir la corrosión y las elevadas temperaturas.