M. J. C.
Los afectados por la exposición al amianto que han decidido interponer una querella contra la Azucarera, ratificarán el próximo lunes la demanda en el Juzgado de Toro. El trámite de ratificar la querella es un paso necesario para que pueda continuar el procedimiento judicial, después de que el Juzgado de Toro admitiera a trámite la demanda interpuesta el pasado mes de octubre por dos enfermos y siete familiares de fallecidos, presuntamente, por exposición al amianto. Una vez que los querellantes ratifiquen la demanda, serán llamados a declarar los responsables de la compañía azucarera para que aporten su versión sobre los hechos que los afectados denuncian. Por otra parte, fuentes próximas a los querellantes confirmaron que, dentro de la instrucción del caso, la juez ha solicitado a la Inspección de Trabajo las actas correspondientes a las inspecciones que se hayan realizado en las instalaciones de la Azucarera de Toro en los últimos años.
Del mismo modo, señalaron que la magistrada ha solicitado a la compañía un listado en el que figuren las personas que ocuparon cargos de responsabilidad en la prevención de riesgos laborales y seguridad en los últimos años en la fábrica toresana. Por otra parte, estas mismas fuentes confirmaron que la juez ha rechazado una petición que habían formulado los querellantes para que se fijara una «fianza solidaria». Al margen de las personas que figuran en la querella contra la Azucarera de Toro, dos o tres afectados más tienen intención de demandar a la industria azucarera, una vez que finalicen el proceso de recopilación de la información necesaria para presentarla en sede judicial.
Dos enfermos y siete familiares de fallecidos por exposición al amianto presentaron el pasado mes de octubre una querella conjunta en el Juzgado de Instrucción de Toro contra la empresa Azucarera Ebro por siete presuntos delitos de homicidio imprudente y dos contra la seguridad de los trabajadores, Las personas que han decidido unirse para presentar esta querella solicitan indemnizaciones que oscilan entre los 500.000 euros para los afectados que se encuentran enfermos y un millón de euros por cada uno de los trabajadores que han fallecido, presuntamente, por la exposición al amianto. Pocas semanas más tarde, dos personas más comunicaron al bufete de abogados que defenderá a los querellantes, su intención de sumarse a la demanda para lo que tendrán que recabar la información necesaria sobre la relación entre el fallecimiento de sus familiares y la inhalación de amianto. Las personas que han presentado esta querella siguen trabajando para crear una asociación.