A lo largo de los próximos días y durante algo más de un mes los campos de la zona se llenarán de cuadrillas dispuestas a vendimiar, y aunque entre ellas se podrá ver de nuevo a no pocos españoles víctimas de la crisis, el grueso estarán integradas por extranjeros, la práctica mayoría rumanos. Gracias a ellos viticultores y bodegueros de la Denominación de Origen Toro han podido recolectar la uva durante las campañas de hace más de una década, justamente desde que la bonanza económica de finales de los años 90 y principios de los del 2000 hizo que los trabajadores nacionales se desviaran hacia otras parcelas menos fatigosas y más rentables y que los estudiantes -habituales hasta ese momento- ya no necesitasen sacarse un dinero extra para afrontar sus gastos y aliviar así la economía familiar, aunque también desde que se produjera el despegue de la D.O. y con ello el masivo incremento de la producción.

El porcentaje más elevado de la mano de obra rumana la constituyen personas de etnia gitana que se desplazan por el territorio nacional para trabajar en diferentes campañas agrícolas, aunque muchas familias llevan ya años asentadas en la zona, fundamentalmente en Toro y Morales de Toro. Salvo excepciones, las contrataciones se realizan en grupo y casi siempre se canalizan través de un jefe de cuadrilla que habitualmente es también rumano y que se lleva por ello un porcentaje de sus compatriotas en concepto de tramitación. La Asociación Prismas del Mundo, creada recientemente con el objetivo de aunar las diferentes culturas de inmigrantes en la provincia y que preside la rumana asentada en Toro Lucica Loliceru, cree que esta situación está dando lugar a algún que otro abuso y se muestra más partidaria de que los contratos se canalicen directamente con el agricultor. «No todos los jefes de cuadrilla son iguales, muchos son correctos», puntualiza Loliceru, «pero pueden surgir problemas porque hay algunos que se quedan con una comisión demasiado alta», que puede oscilar entre 5 y 10 euros sobre un jornal diario de 45 0 50 euros, según afirma. «Ellos lo justifican diciendo que es por la realización de trámites y por el transporte», señala, pero considera que ambas cosas «deberían ir por cuenta del agricultor; entiendo que para ellos es más cómodo que otra persona se encargue de darles de alta y de llevarles a la viña, pero si lo hicieran ellos ese dinero iría directamente al trabajador». Según sostiene, es «muy difícil», sin embargo, conseguir que un rumano vendimie si no forma parte de una cuadrilla.

El asunto lleva a la presidenta de Prismas del Mundo a una segunda reflexión, aunque ya más relacionada con la situación de los inmigrantes rumanos en general y más en concreto con los de etnia gitana: «muchos españoles se quejan de la presencia de rumanos y de los problemas de convivencia que causan, pero luego los contratan para las campañas porque no encuentran trabajadores españoles suficientes, y con eso producen un efecto llamada». Lucica asume que, efectivamente, algunos de sus compatriotas, pertenecientes a la mencionada etnia, provocan conflictos sociales que «nos perjudican a los demás rumanos porque se está dando una imagen negativa de nosotros en general», pero cree que esa conflictividad tiene su origen en «el desconocimiento mutuo» entre culturas.

La integración, dice, «depende del nivel de educación de cada persona y por eso no es fácil», por ello ve fundamental el desarrollo de «programas de integración y apoyo», haciendo especial incidencia en los niños. Por otro lado, prosigue, «la ley tiene que actuar, hay que respetarla y debe aplicarse y si todo funciona bien, no debería haber problemas».

Reconoce, no obstante, que también en Rumanía existe «cierto rechazo» hacia los gitanos, siendo «uno de los motivos por los que se van del país. Es difícil modificar ciertos hábitos porque han nacido con una cultura y una educación muy arraigadas», pero conforman un pueblo que ha sufrido rechazo desde tiempos inmemoriales: «desde que llegaron a Europa se les ha venido negando su identidad y esto sigue, por eso hay muchas asociaciones que están pidiendo que se les reconozca como personas, no solo como pueblo».

Lo ocurrido en Francia es el penúltimo capítulo de esta historia y es para Lucica «una medida que contraviene las normas europeas y los Derechos Humanos» y rechaza los argumentos empleados por el Gobierno francés: «dicen que lo hacen porque va a descender el nivel de delincuencia, pero cómo se puede pensar eso cuando de más de mil exportaciones hechas, aunque ellos dicen que se van voluntariamente porque les dan 300 euros y les hacen firmar un papel, casi ninguno tiene antecedentes delictivos ni en Francia ni en Rumanía, además, en los casos de delincuencia, si la verdadera ley funciona bien, debería funcionar bien para todos, y si necesitan echar del país a los supuestos delincuentes, eso quiere decir que no funciona».

Por otro lado, añade, «no hay que olvidar que Francia es el cuarto socio comercial de Rumania». Así las cosas piensa que lo que el Gobierno galo pretende es «lavarse las manos y pasar la pelota a otros».

Loliceru cree que «lo que hace falta es medidas conjuntas entre todos los países para mejorar la integración de los gitanos y debe empezar en la misma Rumania, aunque es necesario tener en cuenta que mi país acaba de salir de una dictadura y necesita adaptarse».