El Supremo condena a Ebro a pagar 27,6 millones

AGENCIAS El Tribunal Supremo ha condenado a Azucarera Ebro a pagar 27,6 millones de euros más intereses como responsable civil subsidiario del fraude del azúcar, derivado de la venta de excedentes de este producto en el mercado negro en las campañas entre 1996 y 1999 y conocido como «caso Azucarera», según informan las agencias Efe y Europa Press. La resolución, dictada el pasado 25 de junio aun que conocida ayer, implica también que el Alto Tribunal ha rebajado las penas que impuso en diciembre de 2008 la Audiencia Nacional a los principales directivos de Azucarera Ebro, a los que condena finalmente a penas de prisión que oscilan entre los cuatro años y nueve meses, y un año y nueve meses por delitos de fraude contra la Hacienda de la Comunidad Europea y de falsedad documental. Algunos de los directivos fueron condenados a más de seis años por la Audiencia Nacional.

En la sentencia se considera que los principales acusados no fueron autores, sino cooperadores necesarios, de delitos contra la Hacienda Comunitaria y de falsedad documental cometidos entre 1996 y 1999 en el seno de la compañía, que es propiedad de British Sugar desde el año pasado. Además, aplica a los 12 responsables del fraude atenuantes por la dilaciones que sufrió el proceso, que «se demoró más allá de lo justificable», lo que supuso «una gravosa espera para las partes». En concreto, el procedimiento se alargó después de que el Tribunal Supremo anulara la primera sentencia que dictó en febrero de 2005 la Audiencia Nacional, que tardó más de tres años en volver a emitir un fallo.

El Supremo reconoce que existió una operativa que simulaba movimientos internos de importantes cantidades de azúcar entre las fábricas de Azucarera Ebro Agrícola, con el objetivo de ocultar sobreproducciones de azúcar fuera de las cuotas comunitarias permitidas. Esas partidas de azúcar se vendieron efectivamente al mercado exterior, omitiendo el correspondiente pago de los impuestos por la supuesta falta de dicha exportación. No obstante, el Supremo entiende que los directivos con mayores condenas no desempeñaban funciones equivalentes a la de administradores de las sociedades obligadas al pago de impuestos, por lo que cabe entender que fueron cooperadores necesarios.

Así, impone a Guillermo D'Auberade, director técnico de Azucarera y director de ingeniería de Ebro Agrícolas, una pena de tres años y seis meses de prisión; la misma que para Fernando Pérez, director comercial en Azucarera y Ebro Agrícolas, y para Nicolás Bautista Valero, director general de Ebro Agrícolas entre 1998 y 1999. Aniceto Martín, director industrial de Azucarera Ebro Agrícolas entre 1998 y 1999, también ha visto rebajada su pena hasta tres años de prisión. Otros responsables de Ebro Agrícolas cumplirán sólo un año y 9 meses de prisión por un delito de falsedad documental, tras ser absueltos de fraude fiscal. El Tribunal entiende que, en cuanto al pago de impuestos, desempeñaron sus cargos «sin autonomía y sin la información necesaria». En cambio, el Supremo mantiene las condenas de un año y nueve meses de prisión a los directores y administradores de las fábricas de azúcar de La Rinconada, La Bañeza y Salamanca, autores de un delito de falsedad documental.