Decenas de vecinos abarrotaron al mediodía de ayer el salón de plenos del Ayuntamiento de Toro para seguir de cerca la sesión extraordinaria en la que, a petición del grupo municipal socialista, se debatió sobre la «comprobación de la legalidad de la modificación del contrato suscrito con la empresa Acciona. para el alcantarillado, abastecimiento y depuración del agua». Gritos, aplausos y abucheos por parte del público, que se quejaba por el incremento del recibo y al que Sedano acusó de estar «manipulado» por la oposición, así como un intercambio final de insultos y acusaciones de actitudes corruptas entre el equipo de Gobierno y los ediles socialistas se pudieron escuchar a lo largo de la hora en la que transcurrió el pleno. La sesión concluyó tras rechazar los populares la revisión de oficio de la modificación del contrato «para el restablecimiento de la legalidad vigente a la vista del dictamen del Consejo Consultivo» solicitada por el PSOE en forma de moción, y desestimar, así mismo, la votación nominal pese a las advertencias del portavoz socialista, Lorenzo Rodríguez Linares, de que «su actitud puede ser considerada como prevaricación».

El concejal de Economía y Hacienda, José Luis Prieto, defendió la postura del equipo de Gobierno señalando que el dictamen del Consejo Consultivo «también dice cosas favorables al procedimiento», en el sentido de que «ha sido adecuado y conforme a la ley». Así las cosas, a su juicio, «la tramitación ha sido la más transparente posible» y se ha «fundamentado» en los informes de los técnicos municipales. Calificó, por contra, de «vergonzante» la actitud del Partido Socialista que, según recordó, ha pasado de «cobrar un recibo abusivo» cuando gobernaba a «apoyar a la empresa que presentó mejor oferta», para acabar con «una campaña de difamación y manipulación». Insistió en que el pronunciamiento sobre legalidad o no de la modificación corresponde a los Tribunales y anunció que a partir del 1 de julio el Gobierno tiene prevista una subida del IVA «para diversos productos», entre ellos el agua. Explicó, por otro lado, que el Ayuntamiento «no puede absorber el sobrecoste» del servicio del agua como ocurre con otros impuestos como el IBI, pero matizó que «el reparto ha sido equitativo» y que, por contra, otras tasas son más bajas que en otras ciudades. Criticó, por otro lado, la campaña de recogida de firmas emprendida por los socialistas y dijo al respecto que «si se hubieran puesto a recoger firmas para que el recibo sea gratis o para conseguir una viaje al Caribe, también hubieran firmado», a la vez que censuró que en el listado apareciese la firma de un niño de diez años, a lo que una señora del público replicó que «los niños también se lavan». Por cierto que el portavoz socialista pidió explicaciones al alcalde sobre una intervención de un pleno anterior en el que dijo que las firmas «serían revisadas una por una».

Rodríguez Linares comenzó su intervención anunciando la adopción de medidas contra la secretaria municipal y la interventora accidental por no haber aportado los informes que solicitaron a la vez que la petición del pleno para conocer el «criterio» de los técnicos sobre la mencionada modificación contractual. Al margen de esta puntualización, todas las intervenciones del portavoz socialista se centraron en describir lo que para ellos es una «ilegalidad manifiesta»: la modificación del citado contrato que fue firmada por el alcalde Jesús Sedano «sin contar con el preceptivo» informe del Consejo Consultivo; documento que, como relató, llegó al Ayuntamiento dos meses después de la firma, ya que fue solicitado por la Alcaldía «solo dos días antes» de que tuviera lugar. Recordó, no obstante, que el dictamen del Consejo, según dijo, deja claro que la modificación que permitió a Acciona seguir gestionando el servicio del agua tras la puesta en marcha de la nueva depuradora es «claramente improcedente y, por tanto, ilegal». Es por ello que, en base a los dicho por el órgano consultivo, entienden que el contrato debería ser «rescindido» y pidieron el «restablecimiento de la legalidad», que conllevaría a «cuestionarse» la «devolución de los recibos cobrados indebidamente».

Linares anunció que, en caso de que el acuerdo no fuese en este sentido, se verían obligados a «acudir a los Tribunales para que declaren nula de pleno derecho esa modificación del contrato y les obligue a convocar concurso público que permita que otras empresas presenten sus ofertas económicas», puesto que considera que «si se hubieran presentado otras empresas el precio del servicio de depuración sería mucho más bajo del que se paga ahora en Toro». En este sentido presentó también algunos datos según los cuales el coste medio del metro cúbico de agua en la ciudad, incluidos los conceptos de abastecimiento, alcantarillado y depuración, es de 2,10 euros frente a 1,33 de media entre Valladolid, Salamanca, Zamora y Benavente.