Intervención advirtió sobre la «ilegalidad» en la contratación de los servicios jurídicos

M. B. El Informe sobre Reparos o Discrepancias del año 2007 revela que el Interventor manifestó su disconformidad con la contratación de los servicios de consultoría y asistencia jurídica con un abogado de Toro «sin tramitar el preceptivo expediente de contratación de conformidad con lo regulado en el Real Decreto 2/2000 de contratos de las administraciones públicas», tal y como consta en el documento citado e informa el grupo socialista a través de un comunicado de prensa. Este había solicitado sin éxito a la Alcaldía el informe, al que finalmente tuvo acceso en la última Comisión Especial de Cuentas. Los socialistas denuncian públicamente «la ocultación de datos por parte del alcalde, puesto que el informe es de mayo de 2009, poco antes del traslado del Interventor a otra ciudad», tras solicitarlo éste.

La actuación, según informan los socialistas y recoge el informe, se puso de manifiesto «tras la presentación al Departamento de Intervención para su aprobación, de justificantes de gasto por importe de 33.378 euros, correspondientes a diversos procedimientos judiciales tramitados por dicho letrado». Pese a la «advertencia de ilegalidad», según señala el portavoz socialista Lorenzo Rodríguez en una nota de prensa, el alcalde decidió, «por Decreto de Alcaldía de ese mismo día, aprobar el gasto para su pago al letrado reclamante».

El grupo del PSOE ha solicitado fotocopia de las facturas presentadas por el letrado «para conocer los asuntos y procesos judiciales a los que se refiere y lamentan que Sedano «encomiende todos los casos de consultoría y asistencia jurídica a un único abogado de Toro, pese a que son varios los letrados con despacho abierto en la ciudad que no tiene semejante oportunidad».

En el informe también se dice que «no se ha seguido el procedimiento de contratación regulado en la normativa vigente» en relación al suministro de gasóleo y que, «con motivo de la fiscalización de la nómina de cada mes, en ocasiones, se muestra disconformidad con el procedimiento seguido en determinadas contrataciones de personal, tanto por lo que se refiere a la falta de adecuación a la normativa vigente como a las repercusiones que desde el punto de vista presupuestario las mismas suponen». El PSOE recuerda, finalmente, que el alcalde nombró interventora accidental a una hermana suya.