M. B.
El Juzgado de lo Social de Zamora dirimirá en un juicio que se celebrará a mediados de diciembre si ratifica o no la sanción de 6.000 euros impuesta al Ayuntamiento de Toro por la Inspección de Trabajo por «abuso de poder» hacia un trabajador adherido al servicio de Obras, quien fue obligado a realizar labores de limpieza en las paredes del Alcázar aislándolo así de sus compañeros. La decisión fue recurrida por el Ayuntamiento ante la Delegación Territorial de Trabajo quien, ante la falta de acuerdo, acudió al Juzgado de lo Social, según ha informado el el secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT, Jerónimo Cantuche.
Cantuche señaló que esperan que la sentencia judicial que emita el tribunal «aclare que el Ayuntamiento debe pagar la sanción y que reconozca que se atentó contra un trabajador». El representante de UGT afirma que, a raíz de la denuncia presentada por UGT ante la Inspección de Trabajo, y tras constatar ésta las condiciones del trabajador, se puso en contacto con el encargado del área «y le conminó a que se le encomendara un trabajo acorde con su categoría» como Oficial de 1ª, y a que «no fuese apartado de sus compañeros». Cantuche recuerda que en sus declaraciones ante la Inspección, el encargado «dijo que las órdenes venían de arriba», en relación al coordinador de servicios, Antonio Medina, algo en lo que, como señala, el acta de infracción muy grave «es muy clara».