M. B.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toro acordó elevar una queja ante el Procurador del Común por entender que el grupo municipal socialista hace una «utilización partidista y política» de esta institución al denunciar ante ella que el equipo de Gobierno del PP no les facilita la información requerida para poder ejercer su labor de oposición. La medida fue adoptada por los populares el pasado mes de abril, pero ha sido dada a conocer ahora públicamente por los socialistas, quienes han calificado de «sorprendente» que el alcalde de Toro, Jesús Sedano, frente a una queja que reclama un derecho fundamental de los concejales», reaccione «con virulencia» y decida «quejarse de la queja». El pasado 20 de agosto el Procurador emitió una resolución formal instando al Ayuntamiento a que acceda a lo solicitado por los socialistas.
Las informaciones solicitas por el PSOE, según ha recordado en rueda de prensa su portavoz municipal, Lorenzo Rodríguez Linares, hacían referencia al informe de reparos del Interventor del año 2007, es decir, aclaró, las objeciones que este funcionario hace a las cuentas municipales; el expediente relativo a las obras efectuadas entorno a la ermita de la Virgen del Canto, asunto que ha motivado una denuncia judicial de obispado hacia el Ayuntamiento; las licencias de obra nueva y de apertura de establecimientos; la copia de los contratos de trabajo suscritos desde el 1 de julio de 2008; documentación sobre evaluación de riesgos laborales de todos los centros municipales; informe del Interventor relativo a la nómina de septiembre de 2008; informa sobre subvenciones denegadas al Ayuntamiento por la Junta; modificación del contrato del agua -esta es la única información facilitada, según el PSOE-; así como varios expedientes de instalaciones fotovoltaicas.
Los socialistas presentaron la queja al Procurador del Común por entender que el alcalde está «impidiendo» un derecho que queda recogido en la Constitución, como es facilitar información a los concejales. Por contra, denuncian que Sedano opta por quejarse ante la misma institución de que el grupo socialista la está «utilizando para fines personales y políticos».