Denuncian «irregularidades» en el nombramiento de personal municipal

M. B. El grupo municipal socialista ha denunciado públicamente que el alcalde de Toro, Jesús Sedano, nombró como interventora accidental a primeros de agosto a su hermana —empleada municipal— «sin respetar el procedimiento legal», así como el nombramiento de un administrativo y «su mantenimiento en el puesto después de cuatro años» como tesorero accidental, a la vez que «cuestiona» la circunstanciad de que este trabajador sea delegado de personal y «destacado representante sindical».
Según informó ayer el portavoz socialista, Lorenzo Rodríguez, ninguno de los dos trabajadores poseen la titulación académica requerida —licenciatura en Derecho, Políticas o Económicas— para tales puestos, aunque en el Ayuntamiento «sí hay otras personas» que la tienen. Puso de relieve, así mismo, que ambos puestos tiene asignado el máximo nivel de la Administración —«el mismo que tienen los directores generales en los ministerios—. Así, dijo, «solo el complemento específico retributivo» de la interventora accidental es de 18.747,68 euros anuales y el del tesorero accidental de 19.364,38 euros —el más alto del Ayuntamiento—. A ello hay que sumar otros conceptos como «el sueldo, trienios, horas extraordinarias, asistencias a reuniones para selección de personal, etc».
Consideran que el alcalde puede haber incurrido en «ilegalidad» con estos nombramientos, primero porque «ambos puestos están reservados por ley a funcionarios con habilitación nacional», segundo porque este tipo de nombramientos «tienen un carácter residual» y solo pueden utilizarse cuando previamente se haya intentado la cobertura de las vacantes mediante otros procedimientos estipulados por la ley, y tercero porque «es preceptivo y previo que el Ayuntamiento solicite a la Junta informe sobre la existencia de algún funcionario con habilitación nacional interesado en la provisión del puesto». De confirmarse la inexistencia del informe, dijo que los nombramientos estarían «viciados de nulidad».
Por otro lado, explicaron que, a tenor del la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en el caso del nombramiento de la interventora, «el alcalde debería haberse abstenido» al tener parentesco de consanguinidad. Además, se preguntan «qué autonomía funcional puede tener la hermana del alcalde sobre la gestión y el control económico que lleva a cabo el mandatario municipal y cómo puede llevar a cabo una tarea tan compleja si no tiene titulación ni preparación suficiente». Rodríguez recordó que el Código Penal establece el castigo con penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por seis meses a dos años para la «autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, nombrase» para el ejercicio de «un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos», y señala que la misma pena de multa se impondrá a las persona que acepte la propuesta. El portavoz calificó de «absolutamente escandaloso» todo lo que ocurre en materia de personal en el Ayuntamiento y acusa al alcalde de gestionar este asunto como si el Consistorio «fuese su empresa privada».