SUSANA ARIZAGA.
La Oficina Territorial de Trabajo tendrá que emitir un informe sobre la regulación de empleo presentada por Viña Bajoz ante el Juzgado de lo Mercantil de Zamora, sobre el que el magistrado se basará para admitir o denegar la petición de la cooperativa, que desea prescindir de doce trabajadores y suspender los contratos a otros dos.
Antes de que el organismo de Trabajo de la Junta de Castilla y León realice ese informe, empresa y trabajadores deberán ponerse de acuerdo sobre el término de los despidos que se produzcan, indicó el magistrado de lo Mercantil.
El Juzgado, que ayer no había recibido ninguna alegación a la oferta de compra de la empresa Félix Solís, ha comunicado a la empresa y a los trabajadores su decisión de admitir a trámite la regulación de empleo.
El siguiente paso será la apertura de negociaciones sobre los términos de los despidos que se produzcan. Los dos empleados a los que se pretende suspender el contrato podrían volver a trabajar en un futuro, puesto que la empresa propone sólo «que se paralicen» las relaciones contractuales. Los doce restantes verían extinguidas sus relaciones laborales con la cooperativa. Se trata de la mitad de la plantilla. Las negociaciones está previsto que comiencen el día 22 de julio, el próximo martes. Legalmente tienen un plazo de quince días desde que se notifica desde el Juzgado la admisión del expediente de regulación de empleo.
Por lo que respecta a las alegaciones contra la operación de venta de la empresa, el Juzgado esperará hasta primeros de semana para confirmar que ninguna de las partes personadas en el procedimiento concursal ha presentado alegaciones a tal fin. Solís ha puesto sobre la mesa una oferta de siete millones de euros, que fue aprobada por el 66 por ciento de los socios cooperativistas en una asamblea. Si no hubiera ninguna alegación, los administradores de la quiebra deberán efectuar un informe económico sobre esa propuesta, paso previo a que el magistrado la dé el visto bueno y ordene su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Este formalismo legal pretende impedir que esta empresa no se venda al mejor postor, ya que sirve para que otros empresarios interesados en adquirir Viña Bajoz puedan efectuar su propuesta. El magistrado dará después carta blanca a los administradores de la quiebra para que decidan sobre la enajenación de la bodega, siempre preservando el patrimonio de la misma y el pago a los principales acreedores.