Un total de nueve turismos pertenecientes a una empresa dedicada al alquiler de coches con conductor, los conocidos como vehículos de transporte concertado (VTC), han resultado calcinados durante la madrugada de este martes, al ser supuestamente incendiados en los estacionamientos de un alojamiento rural de Castilblanco de los Arroyos donde descansaban sus conductores.

Según han informado a Europa Press desde la Unión Nacional de Autoturismos, que agrupa al sector de vehículos de transporte concertado, los coches pertenecían a una empresa del sector que había movilizado hasta Sevilla a 20 vehículos de su flota radicados en otras comunidades, para "reforzar" sus servicios a cuenta de la Feria de Abril, que arrancó el pasado sábado, para prolongarse hasta el siguiente.

Durante esta madrugada, estos nueve vehículos estaban estacionados en la zona de aparcamientos de un alojamiento rural de Castilblanco de los Arroyos, a unos 40 kilómetros de la capital andaluza, dado que allí pernoctaban sus conductores. Durante la madrugada, según la Unión Nacional de Autoturismos, se declaró un incendio en los aparcamientos, resultando calcinados los nueve vehículos, toda vez que los restantes coches movilizados por esta empresa para la Feria de Abril de Sevilla estaban en ese momento "de servicio".

Fuentes de la Policía Local de Castilblanco han confirmado a Europa Press el mencionado incendio, señalando que en principio habría indicios que inducirían a pensar que el siniestro fue intencionado, toda vez que la investigación del asunto ha recaído finalmente en la Guardia Civil.

La Unión Nacional de Autoturismos, en cualquier caso, ha recordado que por cada trimestre, los coches con licencia VTC tienen derecho a operar un 80 por ciento fuera de su comunidad autónoma "de origen", encuadrando el suceso en el enconado conflicto relativo a la movilidad en Sevilla.

El conflicto del taxi

Y es que después de que la empresa de alquiler de coches con conductor Cabify desembarcase en Sevilla el pasado mes de septiembre, los taxistas denuncian supuestas situaciones de "intrusismo" por parte de los conductores de esta y otras empresas con licencia para vehículos de transporte concertado.

Los conductores de Cabify y las demás empresas de esta actividad, de su lado, denuncian sucesivos y repetidos casos de violencia o acoso en su contra, a cuenta de su actividad. En ese contexto, la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía investiga actualmente a 27 taxistas, por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de vehículos con licencia de transporte concertado, con relación a los trayectos al aeropuerto hispalense de San Pablo.

Porque el sector del taxi, recordémoslo, está marcado por no pocas voces y alusiones a presuntos cobros abusivos, supuestas situaciones de violencia y el monopolio que un grupo de taxistas habría impuesto para hacerse con el control absoluto de la parada del aeropuerto de San Pablo, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros.

Medidas en marcha

Frente a estas problemáticas, el Ayuntamiento anunciaba que antes de que acabase el pasado mes de febrero, serían aproximadamente 20 los agentes de la Policía Local destinados a su Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI) o asignados a las paradas de taxi del aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa, para "combatir el intrusismo, las conductas irregulares o los cobros abusivos". "Van a trabajar en uno y otro sentido", manifestaba recientemente Juan Carlos Cabrera, concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento.

Además, Cabrera y el director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, acordaron dotar al aeródromo hispalense de un espacio acotado para los vehículos con licencia de transporte concertado, así como un registro de los coches autorizados para dicha actividad y paneles informativos con las tarifas de los taxis y de la línea especial del transporte urbano con destino a San Pablo.