El crimen de Fago, ante el juez

El juicio por el asesinato del alcalde de Fago, Miguel Grima, ocurrido el 12 de enero de 2007, arranca hoy en la Audiencia Provincial de Huesca con la declaración del único acusado, el ganadero y guarda forestal Santiago Mainar, y con una gran expectación mediática.

Durante la vista oral, que se prolongará durante ocho jornadas, 122 personas, entre testigos, peritos y agentes de la Guardia Civil, responderán a las preguntas del fiscal, Felipe Zazurca; del abogado de la defensa, Marcos García-Montes, y de los letrados de la acusación particular, Enrique Trebolle (de la familia) y José María Viladés (del Partido Popular).

El fiscal pide un total de 21 años de prisión para Santiago Mainar por los presuntos delitos de asesinato, en concurso con un delito de atentado y tenencia ilícita de armas, así como la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena. En concepto de responsabilidad civil establece una indemnización de 105.000 euros para la viuda de Miguel Grima, Celia Estarlich.

La acusación particular, que representa el letrado Enrique Trebolle, solicita la misma pena para el acusado, y la prohibición, por un periodo de diez años, de acercarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con la viuda de Miguel Grima, así como la prohibición del derecho a residir o desplazarse a la localidad fagotana. Respecto a las indemnizaciones, pide 216.000 euros para la viuda y 42.000 euros para cada una de las dos hermanas de la víctima.

Por su parte, el letrado Marcos García Montes, que defiende al acusado, pide la libre absolución, argumentando que los hechos no fueron cometidos por Santiago Mainar, aunque éste confesara ante la Guardia Civil tras ser detenido.

Casi doscientos periodistas se han acreditado para llevar a cabo la cobertura de este juicio, que tratará de dar luz a un suceso sobre el cual ya se han escrito varios libros, llenado páginas en periódicos y revistas, y hasta ha sido el argumento de una miniserie de televisión, acaparando la atención de todo el país.

Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2007, en la carretera por donde el fallecido regresaba a la casa en la que vivía con su mujer, después de asistir a una reunión de alcaldes en Jaca y donde Santiago Mainar, supuestamente, le preparó una emboscada para que tuviera que bajar de su vehículo y poder dispararle con una escopeta de postas, que no ha podido ser encontrada.

Santiago Mainar fue detenido el 2 de febrero, veinte días después de que fuera encontrado el cuerpo sin vida del alcalde en la cuneta de la carretera con un disparo de postas en el pecho, y desde entonces permanece en la cárcel de Zuera (Zaragoza).

Unas horas después, Mainar se declaró responsable del crimen ante la Guardia Civil, el secretario judicial y una letrado de oficio, aunque unos días más tarde, ante el juez de instrucción de Jaca encargado del caso, se retractó y se declaró inocente, argumentando que al hacerse responsable del asesinato quería rebajar la tensión existente en el pueblo.

Los abogados de la acusación coinciden al afirmar que hay pruebas suficientes para desvirtuar la inocencia del guarda forestal, y no sólo por su primera declaración, sino también por las numerosas pruebas periciales practicadas por la Guardia Civil (biológicas, químicas, de parafina, de balística), e incluso porque «existían los motivos», según José María Viladés, letrado del PP. Este partido está representado en la causa porque el alcalde asesinado encabezó la lista del PP en las elecciones municipales de 2003, que ganó con el 70 por ciento de los votos a Santiago Mainar, quien figuraba como candidato del PSOE a la Alcaldía.

La familia del alcalde asesinado quiere que con este juicio se haga justicia «con todas las consecuencias», sobre todo teniendo en cuenta la repercusión mediática que ha tenido este hecho, lo mucho que se ha hablado de Miguel Grima, de su gestión como alcalde y de su relación con los vecinos, especialmente con el único acusado.