Cae la mayor red de tráfico de inmigrantes en Melilla, con 21 detenidos

AGENCIAS. Melilla
La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado la mayor organización dedicada al tráfico de inmigrantes realizada hasta ahora en Melilla. Los "ilegales" cruzaban la frontera ocultos en los dobles fondos habilitados en algunos coches. La "operación Gaviota" -así se bautizó- se saldó con 21 detenidos, un imputado y 12 vehículos incautados.
La operación se inició a finales del mes de julio de 2008. La primera fase se llevó a cabo a mediados del pasado mes de enero; la segunda culminó hace sólo unos días con la detención de cuatro personas, todas residentes en Melilla y con edades entre los 20 y 30 años. La organización se dedicaba a pasar a Melilla de forma continuada a inmigrantes de origen subsahariano en dobles fondos de vehículos.
La red estaba formada por personas de nacionalidad española y marroquí. En las localidades marroquíes de Farhana y Beni Enzar eran los lugares donde se captaba a las víctimas y se preparaban los vehículos para introducir en habitáculos infrahumanos a los inmigrantes que se jugaban la vida al intentar cruzar la frontera hacia Melilla ocultos en los dobles fondos practicados. Fueron muchas las ocasiones en las que se detectaron episodios de inmigrantes subsaharianos que, al ser extraídos de los dobles fondos, mostraban evidentes síntomas de asfixia, quemaduras y mareos. Varias mujeres embarazadas vieron peligrar su estado de gestación debido a las situaciones extremas en las que fueron transportadas.
Las personas que se encargaban de adquirir los vehículos para su posterior «preparación» eran los dirigentes de la red en Melilla, mientras que los conductores-titulares de los coches eran personas de escasos recursos económicos, algunas de ellas drogodependientes y otras con antecedentes penales. La característica común era su precaria situación económica y su «urgente» necesidad de dinero. Los 21 detenidos son varones de entre 20 y 80 años. Diecinueve son de nacionalidad española y otros dos marroquíes. A todos ellos se les imputa un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, tipificado en el actual Código Penal que lleva aparejadas penas de hasta ocho años de cárcel.