"La primera huelga feminista fue en los 70 en Islandia, pero España es referente"

Alfonso Lara es director ejecutivo de la Red Europea de Servicios Sociales (European Social Network, ESN), entidad integrada por 122 profesionales de más de 33 países europeos, asociaciones del sector e instituciones, que ofrece apoyo a especialistas que participan en el diseño de servicios públicos en toda Europa. Salió de España en busca de nuevos horizontes hace trece años, y desde hace once reside en el Reino Unido, donde ha desarrollado su carrera profesional vinculada al análisis y búsqueda de soluciones para la atención a los colectivos más vulnerables desde una visión global y en el marco de la Unión Europea. Con trato diplomático, trata de exponer la situación de la infancia, los refugiados, los mayores dependientes y la vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad europea envejecida que debe ver en esta condición una oportunidad y no un lastre.

-¿La primera huelga feminista en España por la igualdad, con trascendencia internacional, ha convertido este país en un referente?

-Esta huelga y las numerosas manifestaciones que se desarrollaron en todo el país fueron las primeras de España, pero no pioneras. La primera huelga feminista fue en los años 70 en Islandia, coincidiendo también con el 8-M. Fue la primera movilización global de todas las mujeres de la que existe material audiovisual. Pero da la sensación de que el caso de España es bastante significativo, como ocurrió con el 11-M. En este país se dan aspectos que son de gran interés para otros países, como en el caso de la violencia machista.

-Es curioso que las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas sea superior en otros países del centro y norte de Europa y, sin embargo, España se haya convertido en un referente en esa lucha.

-Sí, es una cuestión en la que influyen muchos factores. Pero ahí está el ejemplo del Reino Unido, donde ahora se está abordando ese problema de manera global y no como una cuestión de ámbito doméstico. Los países se deben de plantear sus casos particulares y buscar soluciones con una visión amplia y de conjunto. Y esto sirve para la lucha contra la violencia machista pero también para otros muchos asuntos que son globales.

-¿Como la pobreza infantil, que es uno de sus campos de acción?

-¡Claro! Es necesario que la política de infancia promueva la protección desde un enfoque global. La pobreza infantil no es solo monetaria, sino que tiene que ver con el entorno y las posibilidades para esos niños. Es necesario una mayor coordinación. Hay un proyecto en marcha en catorce países con ejemplos concretos de protección que incluye aspectos como discapacidad, inclusión, acogimiento...

-¿Y eso mismo se hace con los menores migrantes, con los refugiados?

-Hemos analizado las iniciativas desarrolladas con los menores llegados en 2015 y 2016, y la conclusión es que los servicios sociales tienen la obligación de apoyar y ser el padre corporativo de los niños. La dicotomía surge cuando cumplen los 18 años y se hacen mayores de edad cuando todavía no están preparados para dejar de recibir apoyo. Los servicios de protección a la infancia han visto que se necesita un proceso de protección para estos jóvenes, y que hay que ampliar la edad hasta los 21 años, como en Escocia y Alemania. Suecia también se ha planteado ampliar la edad para los niños migrantes con un programa de inclusión social con apoyo educativo, social, cultural, familiar...

-¿Cuál es la situación de los servicios sociales en España?

-Existen varios desafíos muy importantes. El primero es que debe existir más coordinación entre las administraciones públicas, las estatales y las autonómicas. La situación española resulta muy llamativa en Europa, porque hay otros países muy descentralizados, pero existe un marco común de estándares sociales. Esta falta de coordinación en España afecta a la financiación, y la evidencia está en el Plan Concertado y en la ley de dependencia, donde el Gobierno estatal parece haberse desentendido y cada comunidad autónoma funciona según sus propios criterios. Eso impide que haya unos estándares mínimos, tanto de atención y servicios como de objetivos y resultados, que permita analizar y comparar la evolución con datos comunes. Y por ultimo están los retos de modernización. Los servicios sociales no se deben ver como de atención asistencial, sino de empoderamiento de la persona usuaria.

-¿Es importante el retraso de España en servicios sociales respecto de otros países?

-Es un retraso que quizás responde a razones históricas, pero también se debe a la división de competencias estatales, autonómicas y locales. El problema es que España necesita una ley marco en la que se establezcan baremos a nivel estatal, definiciones y funciones acompañadas de indicadores comunes que cubran todos los grupos de edad y sociales para que haya más homogeneidad y que permitan comparar.