El Gobierno propondrá a todas las fuerzas políticas incluir la mutilación genital femenina dentro de la futura ley de Violencia Intrafamiliar, que regulará una serie de medidas para prevenir una práctica que, solo en España, están en riesgo de sufrirla más de 17.000 niñas.
Así lo ha avanzado en el Día Mundial de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina que se celebra este lunes el secretario de Estado de Igualdad, Mario Garcés, durante la presentación de una plataforma europea de formación, dirigida a más de 5.000 profesionales de todos los ámbitos para prevenirla.
Según ha explicado Garcés, ahora es "un momento fundamental" porque coincide con la negociación del pacto de Estado contra la violencia de género, que también tendrá un apartado sobre la ablación "como una de las excrecencias y singularidades más abyectas que puede tener" la violencia machista.
En este sentido, ha explicado que también la futura ley de Violencia Intrafamiliar la incluirá, porque procede "muchas veces del propio consentimiento de las familias".
De esta forma, y buscando el consenso con todos los grupos y la opinión de la sociedad civil, introducirá "mecanismos e instrumentos necesarios de concienciación, de socialización o de culturalización", así como medidas dirigidas "para que no vuelva a ocurrir".
"Es un problema de justicia, de derechos humanos, de salud", ha resaltado Garcés, que ha recordado que, en Europa, más de medio millón de mujeres y niñas están en riesgo de ser mutiladas, 17.000 de ellas en España, una cifra que, ha dicho, probablemente sea mayor.
A ello se unen otras iniciativas ya en marcha, como la ley de protección de la infancia y la adolescencia, la modificación del Código Penal, que castiga con entre 6 y 12 años la ablación o el protocolo de actuación para los médicos que detecten esta práctica.
Garcés ha resaltado el papel que jugará la plataforma europea para erradicar una de las prácticas "más litúrgicas y deleznables que existen", que en la actualidad han padecido 200 millones de mujeres y niñas en el mundo y otros 140 millones están en riesgo de ello.
Fátima Djarra, mediadora africana de Médicos del Mundo, única ONG española participante en esta iniciativa, ha destacado el papel que juegan personas que, como ella, trasladan el mensaje a sus países de la necesidad de decir no a una práctica considerada "ancestral, cultural y religiosa".
"La mediación es fundamental, porque es un tema tabú entre las mujeres, y los hombres ni siquiera oyen hablar de la mutilación genital femenina o la comparan con la circuncisión", ha relatado.
Una práctica de origen ancestral
La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica ancestral global, que está lejos de limitarse a países de África y que persiste como un factor de estatus social de la mujer y en algunos lugares determina sus posibilidades de matrimonio, han expresado este lunes varios expertos en este fenómeno.
"Estamos ante una práctica cultural. En algunas comunidades es una condición para que las niñas pasen a la etapa adulta, para que sean elegibles para el matrimonio o para alcanzar un estatus social elevado", explicó la consejera del Comité Interafricano de Prácticas Tradicionales, Adebisi Adebayo.
Al conmemorarse el Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF, varias organizaciones de la ONU que participan en este esfuerzo recordaron que alrededor de 200 millones de mujeres han sufrido la extirpación total o parcial de sus órganos genitales externos.
Aunque la incidencia de la mutilación genital femenina ha disminuido en varios países (entre ellos Burkina Faso, Kenia, Liberia y Egipto), se mantiene como una práctica generalizada en otros.
En zonas de Kenia y Nigeria, "un niña que no se ha sometido a la incisión no puede casarse", mientras que en otros lugares "una mujer que no ha sido circuncidada no tiene voz en la sociedad y no puede pertenecer a los grupos más importantes de mujeres", señaló Adebayo en una rueda de prensa.
"Las familias se avergüenzan tanto que harán los posible para asegurarse que sus hijas son sometidas a la MGF", agregó.
Más recientemente se ha confirmado la amplitud de la MGF en Indonesia e Irán, y se ha descubierto que para el pueblo indígena embera en Colombia es un rito ancestral de pasaje a la edad adulta.
"Se trata de un problema global, que cada vez cruza más las fronteras", aseguró por su parte Alfonso Barragués, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Población, que gestiona con UNICEF un programa de lucha contra esta práctica.
Los últimos datos recogidos indican que los países con mayor prevalencia de MGF entre las mujeres de 15 a 49 años son Somalia (98 %), Guinea (97 %) y Yibuti (93 %), aunque la gran mayoría sufre la ablación al cumplir los cinco años.
Entre las niñas de catorce años y menos, Gambia es el país con más prevalencia, con un 56 % de mujeres sometidas a la MGF, seguida de Mauritania (54 %).
En Indonesia, cerca de la mitad de niñas de once años ya han sufrido de esta práctica, que tiene graves consecuencias físicas y psicológicas de largo plazo.
Entre las complicaciones más comunes están el dolor agudo, el sangrado severo, problemas urinarios y menstruales, así como cistitis e infecciones.
Además está relacionado con complicaciones en el parto y un elevado riesgo de recién nacidos muertos.
A nivel psicológico se ha observado que puede provocar depresión, ansiedad, desórdenes postraumáticos y baja estima.
"Desde tiempos ancestrales, muchas comunidades dan a esta práctica un valor positivo, así que nuestro trabajo consiste en aportarles evidencias de que causa graves daños a la salud", comentó Barragués.
Con ese fin las organizaciones trabajan directamente con las comunidades, ya que está comprobado que el cambio sólo puede provenir de ellas mismas y no de imposiciones exteriores.
Desde que se inició en 2008 el Programa de Naciones Unidas contra la MGF, cerca de 18.000 comunidades en 17 países han declarado públicamente que renuncian a esta práctica, con 2.900 declaraciones de este tipo sólo en 2016 y una tasa de cumplimiento del orden del 70 %.
Además, 13 países han aprobado leyes para luchar contra la mutilación genital femenina y el año pasado hubo 72 condenas, que en algunos casos involucraron a personal médico que aceptó a realizar esas intervenciones y en otros a familiares.
Sin embargo, Barragués explicó que la solución de este problema no pasa por condenar a padres o abuelos de las víctimas, que constituyen el sosten de sus familia, sino de convencerles de erradicar esta práctica.
