La reestructuración propuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reducir a más de la mitad los partidos judiciales en todo el país supone para Zamora suprimir tres de las cinco unidades territoriales judiciales existentes. En un contexto de continuos recortes, el proyecto no ha sido entendido por gran parte de la población de la provincia como una mejora de los servicios sino como una declaración de intenciones contra los intereses de Villalpando, Benavente y Toro. Tal vez haya sido una interpretación demasiado simplista sin que se profundice en si las consecuencias son reales o se trata de una mera reorganización administrativa. Pero tal y como se presenta la reordenación sugerida, supone, en la práctica, una centralización de los juzgados con los que el Poder Judicial pretende ahorrar costes y ganar en eficacia, ya que el nuevo modelo crearía salas especializadas y la medida repercutiría en una mejora de la administración de Justicia. Pero, puesto que es manifiesto el rechazo de los directamente afectados en las poblaciones y de la judicatura zamorana, cabe preguntarse si el CGPJ ha acertado a la hora de esbozar ese nuevo modelo.

En instancias judiciales y políticas se daba por hecho que la nueva Ley de Demarcación y Planta supondría en la provincia la desaparición de los juzgados con menos carga de asuntos, como el de Villalpando, pero la propuesta de suprimir los de Toro y Benavente ha supuesto una sorpresa mayúscula. Entre los jueces parece haber ganado el criterio de distancia geográfica hasta la capital, lo que garantiza el mantenimiento de Puebla, y a cambio, puede haber perdido el criterio de racionalidad demográfica. Es cierto que con este modelo centralizador, la capital zamorana saldría reforzada con las consiguientes rentas económicas derivadas de la actividad, pero también lo es que para otras poblaciones acarrearía consecuencias negativas, en particular para Benavente. La Ciudad de los Condes, que no ha logrado cristalizar como destino industrial a pesar de contar con las mejores comunicaciones por autovía de la provincia, perdería un peso significativo de su sector servicios. El impacto sería también notable en Toro, a pesar de la apuesta decidida de la localidad por la industria agroalimentaria y de encontrarse más cerca y mejor conectada con Zamora.

Los jueces han alegado que la nueva Ley de Demarcación y Planta ha sido confeccionada desde el conocimiento técnico y desde la honradez. Pero, dado el rechazo manifiesto de todos los agentes sociales, partidos políticos e instituciones, como las propias Cortes de Castilla y León, parece evidente que ese conocimiento y esa honradez no son garantía de haber acertado. De hecho ahí está el acuerdo de pleno del Parlamento regional, adoptado el pasado miércoles, en el que se manifiesta abiertamente que tal iniciativa iría en contra de los principios de equidad e igualdad en la administración de Justicia en la comunidad castellano leonesa.

El CGPJ alega para justificar la reordenación de las demarcaciones la reducción de costes que ello conllevaría. Pero en su día también reprochó a las comunidades con competencias en Justicia que no creasen nuevos juzgados por no poder mantenerlos; tampoco se han tenido en cuenta las necesidades dictadas por los tribunales en las regiones sin competencias en la materia, como es el caso de Castilla y León, en las que se recomienda la creación de 39 unidades judiciales, una demanda que no ha encontrado eco en el Ministerio de Justicia.

Así, se da la paradoja de que Benavente haya pasado de necesitar un tercer juzgado a que le quiten los dos que tenía. Mucho más inexplicable resulta que hace dos años se procediera a una inversión de 1,5 millones de euros para dotar a Villalpando de un nuevo edificio de Juzgados que, de llevarse a cabo la propuesta, se quedaría vacío y sin uso, en el suma y sigue del derroche público. Tampoco parece acorde la iniciativa con el esfuerzo realizado por la Administración central con la implantación de servicios como el DNI en poblaciones alejadas de la capital como Fuentesaúco y la renovación del carné de conducir en Benavente.

La propuesta del CGPJ, aún necesitada de una mayor explicación, requeriría aumentar los recursos humanos y técnicos, ya ahora escasos, de la Justicia, para poder desarrollar el modelo de salas especializadas. Lo contrario equivaldría a colapsar los juzgados de Zamora. Pero, en los tiempos que corren parece más que dudoso pensar en que se produzca ahora el desembolso de nuevas inversiones por parte del Ministerio de Justicia, como reconoce el propio presidente de la Audiencia de Zamora, Luis Brualla Santos-Funcia.

En definitiva, en el caso de la planta judicial existen muchas similitudes con la ordenación del territorio: es evidente que, para una mayor racionalidad del servicio, son necesarias reformas, pero las modificaciones nunca deben suponer una merma en los derechos y garantías básicas de los ciudadanos.