E. G.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) cuenta con 157 artículos, y el ministro del ramo, Ángel Gabilondo, propone cambiar 21 a partir de 137 medidas concretas para mejorar el sistema y los resultados académicos de los alumnos. Una de ellas, la 136 y a modo de resumen, asume la equiparación con los países de la Unión Europea en inversión total en educación en relación con el PIB nacional antes de 2015.
Es el primer paso del Gobierno de Zapatero para lograr el tan demandado Pacto por la Educación, explicado ayer en Madrid en la Conferencia Sectorial de Educación a los representantes de las diecisiete comunidades autónomas, entre ellos al consejero de Castilla y León, Juan José Mateos.
Las discusiones en la reunión se centraron en viejas polémicas, a partir de lo que han sido los caballos de batalla del Partido Popular en los últimos años, bien de forma directa o a través de campañas de asociaciones ciudadanas más o menos afines. El PP contraatacó con diez propuestas que llevan marchamo de imprescindibles. Entre ellas, la libertad de enseñanza y elección de centro; la garantía de la educación en castellano; un currículum básico común en Historia, Geografía y Lengua y Literatura que vertebre el sistema educativo; el carácter nacional de los cuerpos docentes; el profesorado como autoridad pública y un consenso en los contenidos de Educación para la Ciudadanía.
Las 137 medidas se concretan en doce objetivos, entre ellos el de «fomentar que todos los alumnos continúen su formación, como mínimo hasta los 18 años». Se sabe a dónde se quiere llegar pero los consensos acaban ahí. También se señala como objetivos ampliar y flexibilizar la FP, fortalecer el sistema de becas, acabar con las tasas de fracaso escolar y medidas para «garantizar» que todos los alumnos «se expresen con corrección» en un idioma extranjero.
El documento presentado ayer recoge 77 aportaciones de comunidades, organismos y grupos relacionados con la enseñanza en España. Las comunidades del PP habían presentado un texto conjunto. Se abre ahora un plazo para que las autonomías estudien las 137 propuestas y propongan cambios antes de una nueva reunión de la Conferencia Sectorial en marzo.
El documento habla de reconocer «la autoridad moral del profesor», cuestión que el PP considera insuficiente; de incrementar las partidas de becas y ayudas de tal forma que afecten al menos al 50% de los estudiantes de Bachillerato y FP y al 30% de los universitarios; y de las evaluaciones de diagnóstico. Gabilondo se compromete a que todo cambio normativo sea aprobado por dos tercios de los parlamentarios y, ojo, por dos tercios de los grupos tanto del Congreso como del Senado. El ministro juega fuerte, o lo tiene muy seguro.
Sobre esta reunión, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos, destacó que el ministro del ramo, Ángel Gabilondo, «ha cumplido su palabra» al entregar un documento para el Pacto por la Educación «más concreto y amplio», pero subrayó que las comunidades del PP necesitan abordar diez cuestiones «importantes» para sumarse, entre las que destacó la libertad de enseñanza.