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Vecinos, arquitectos y aparejadores dan por paralizada la inspección técnica de viviendas
El Ayuntamiento niega un parón, aunque solo un 10% de los 3.500 inmuebles obligados a pasar el examen antes de 2008 se han sometido a la revisión
T. SANTOS.
La inspección técnica de viviendas está «tácitamente paralizada», según los responsables de los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores. El Ayuntamiento de Zamora niega tal parón, lo que choca también con la versión de Barrios por la Igualdad, que reivindica desde hace tiempo una normativa municipal, la creación de una oficina específica, y la reducción de las tasas que deben abonar los propietarios por la inspección de los inmuebles con más de 40 años de antigüedad.
En una reunión mantenida con la alcaldesa de Zamora Rosa Valdeón, «el Ayuntamiento se comprometió a hacer pública la paralización de la inspección de viviendas», según Aquilino Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Olivares, una de las agrupaciones englobadas en Barrios por la Igualdad. Cuenta Aquilino Pérez que la alcaldesa llegó a comentar su desaprobación con la manera en que se ha desarrollado hasta ahora la inspección de viviendas en la capital. «Dijo que no le gustaba como se estaban haciendo las cosas».
Lejos de hacer público el anuncio al que se habría comprometido la alcaldesa en la reunión con Barrios por la Igualdad, el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, argumenta que la institución local «ni puede ni debe paralizar» lo que viene dado por ley. Tras aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento una moción del PSOE para pedir la supresión del artículo 110 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que obliga a los municipios de población de más de 20.000 habitantes a realizar la inspección técnica de viviendas, la institución local tiene pendiente iniciar un estudio para valorar la «viabilidad» de ayudas con las que aliviar la carga económica a los propietarios, con escasas pensiones en un buen número.
Sólo un 10% de las viviendas obligadas a pasar el examen se han sometido a una revisión. Alrededor de 360 viviendas en dos años, si se suman los datos de los órganos colegiados, de las 3.500 construidas hace más de 40 años en la capital, cuando el último de los plazos dado inicialmente expiró a finales de 2007, lo que evidencia un escaso cumplimiento de la normativa regional.
El Colegio de Aparejadores visó la inspección de sólo quince viviendas el año pasado. La cifra del Colegio de Arquitectos de Zamora, 230, es bastante superior, gracias a la labor realizada a través de asociaciones de vecinos como la de Pinilla, que llegó a un acuerdo con una arquitecta para abaratar el coste de las inspecciones, 200 euros por casa baja y 70 por piso. Otras agrupaciones vecinales se han adherido a la iniciativa, que permite el pago fraccionado en tres meses, y así se han promovido unas 300 inspecciones en el último año y medio en los barrios de Pinilla, San Frontis, Sepulcro y Cabañales.
Desde el Colegio de Aparejadores su presidente, Manuel Hernández, relaciona el parón observado con la elaboración, por parte de la Junta, del modelo tipo del informe de inspección, en el que se indicará la manera de realizar la inspección. Arquitectos y aparejadores reclaman desde hace tiempo una ordenanza municipal que regule la inspección de viviendas.
Un 10% con defectos
El estado de la mayor parte de las viviendas inspeccionadas es correcto. Los técnicos hablan de un 10% de inmuebles que no han pasado el examen tras detectarse deficiencias.
Los problemas observados son, sobre todo, humedades y grietas. La inspección
es meramente ocular, sin exigirse pruebas de carga que analizaran si los
cimientos o el forjado soportan el peso del edificio.
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En una reunión mantenida con la alcaldesa de Zamora Rosa Valdeón, «el Ayuntamiento se comprometió a hacer pública la paralización de la inspección de viviendas», según Aquilino Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Olivares, una de las agrupaciones englobadas en Barrios por la Igualdad. Cuenta Aquilino Pérez que la alcaldesa llegó a comentar su desaprobación con la manera en que se ha desarrollado hasta ahora la inspección de viviendas en la capital. «Dijo que no le gustaba como se estaban haciendo las cosas».
Lejos de hacer público el anuncio al que se habría comprometido la alcaldesa en la reunión con Barrios por la Igualdad, el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, argumenta que la institución local «ni puede ni debe paralizar» lo que viene dado por ley. Tras aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento una moción del PSOE para pedir la supresión del artículo 110 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que obliga a los municipios de población de más de 20.000 habitantes a realizar la inspección técnica de viviendas, la institución local tiene pendiente iniciar un estudio para valorar la «viabilidad» de ayudas con las que aliviar la carga económica a los propietarios, con escasas pensiones en un buen número.
Sólo un 10% de las viviendas obligadas a pasar el examen se han sometido a una revisión. Alrededor de 360 viviendas en dos años, si se suman los datos de los órganos colegiados, de las 3.500 construidas hace más de 40 años en la capital, cuando el último de los plazos dado inicialmente expiró a finales de 2007, lo que evidencia un escaso cumplimiento de la normativa regional.
El Colegio de Aparejadores visó la inspección de sólo quince viviendas el año pasado. La cifra del Colegio de Arquitectos de Zamora, 230, es bastante superior, gracias a la labor realizada a través de asociaciones de vecinos como la de Pinilla, que llegó a un acuerdo con una arquitecta para abaratar el coste de las inspecciones, 200 euros por casa baja y 70 por piso. Otras agrupaciones vecinales se han adherido a la iniciativa, que permite el pago fraccionado en tres meses, y así se han promovido unas 300 inspecciones en el último año y medio en los barrios de Pinilla, San Frontis, Sepulcro y Cabañales.
Desde el Colegio de Aparejadores su presidente, Manuel Hernández, relaciona el parón observado con la elaboración, por parte de la Junta, del modelo tipo del informe de inspección, en el que se indicará la manera de realizar la inspección. Arquitectos y aparejadores reclaman desde hace tiempo una ordenanza municipal que regule la inspección de viviendas.
Un 10% con defectos
El estado de la mayor parte de las viviendas inspeccionadas es correcto. Los técnicos hablan de un 10% de inmuebles que no han pasado el examen tras detectarse deficiencias.
Los problemas observados son, sobre todo, humedades y grietas. La inspección
es meramente ocular, sin exigirse pruebas de carga que analizaran si los
cimientos o el forjado soportan el peso del edificio.
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