J. A. GARCÍA.
Una encendida y valiente (para las fechas de censura que corrían) protesta social, promovida por el periódico "El Correro de Zamora" el 27 de agosto de 1951, adquirió un ardor social de alto calado en el año 1952 y, sobre todo, en el año 1953. La oposición contó incluso con el franco respaldo de algunos ingenieros de Moncabril aficionados al montañismo y enamorados del Lago, que han seguido visitando la zona. Pero la gran movida social sólo sirvió para enfriar las pretensiones hidroeléctricas temporalmente porque, media docena de años después, el Estado despreció el clamor social y las inquietudes de los numerosos colectivos aunados en la defensa del Lago y accedió a destinar el extraordinario enclave fluvial a la producción de energía, siguiendo así por su política entusiasta de "los mares interiores" y de la generación de voltios que sacaran al país de las penumbras de las velas y de los faroles.
El 15 de marzo de 1958, la Dirección General de Obras Hidráulicas dictó la resolución que otorgaba la concesión del aprovechamiento a Eléctricas Leonesas S.A. cuyo proyecto consistía en recrecer la capacidad del Lago con la construcción de un muro de 1,50 metros. De hecho, la empresa concesionaria, sin contar con un proyecto definitivo, realizó unos simples viales, dando así la sensación de que entraba en la fase de ejecución.
Entonces sucedió la funesta tragedia de Ribadelago, que acabó por mantener el Lago de Sanabria en su estado y elegancia natural. La imperiosa necesidad de acondicionar unos terrenos de cultivo para los supervivientes no admitía una sobreelevación del Lago ni la inundación de 45 hectáreas de las únicamente 113 disponibles para la labranza.
Durante más de dos años los ministerio de la Gobernación y de la Vivienda, bajo la batuta de los generales Camilo Alonso Vega y Jorge Vigón, mantuvieron con los máximos responsables de "Eléctricas Leonesas S.A." y del Banco Central -porque detrás de una gran hidroeléctrica siempre suele haber una entidad bancaria- una profusa correspondencia centrada en poner en claro la verdadera ocupación del aprovechamiento eléctrico.
Al director de "Eléctricas Leonesas", Emilio Carnevali, el general Alonso Vega le hizo saber, en marzo de 1959, las obras de concentración parcelaria y de reconstrucción de tierras que el Instituto de Colonización iba a acometer en la zona «para conseguir la rehabilitación del pueblo», al fin de procurar «unos medios de vida a los vecinos». Al respecto, pedía una aclaración sobre la ejecución del aprovechamiento hidroeléctrico, «saber si ese proyecto se va a llevar o no a efecto», para, en consecuencia, «realizar los trabajos de reconstrucción de tierras o no hacerlos».
La misma información reclamó en el mes de mayo el Gobernador de Zamora, Juan Murillo de Valdivia, al presidente del consejo de Administración del Banco Central, Ignacio Villalonga, una vez que la Eléctrica «le sugirió» dirigirse a este responsable bancario.
Realmente, aunque la urgencia por saber si habría recrecimiento y el nivel del Lago era máxima para los citados ministerios porque la maquinaria de Colonización ya estaba operando en la zona, y el tiempo apremiaba como nunca, sin embargo, todo se hacía esperar.
El año 1960 transcurre de cabo a rabo dilucidándose la cuestión de la tan traída y llevada elevación de la cota del Lago de Sanabria y, por ello persigue el incesante carteo epistolar entre los ministerios de la Gobernación y de Obras Públicas -ya tocados en su paciencia- y "Eléctricas Leonesas".
En enero de 1961 el ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón, pone en conocimiento de Alonso Vega que ha dado orden a la concesionaria para que "amojone la curva máxima de agua", y además, con urgencia. En lo tocante a la altura, indica la cota 1.007, 50 centímetros como nivel que debe respetarse como resguardo del oleaje, e insta «a construir obras de defensa en las construcciones del nuevo poblado en el caso de que no haberse tenido en cuenta esta altura del nivel de las aguas».
Va más allá Jorge Vigón y en su comunicación afirma que «siendo conocida la concesión del aprovechamiento hidroeléctrico, si se han ejecutado obras que invadan la zona, y se elige como ubicación del nuevo poblado un lugar situado al borde de las avenidas de un río o del nivel de un embalse, no se puede celebrar mucho el acierto».
Es una época en que las cúspides del Estado, después de numerosa correspondencia y de ver pasar un tiempo que apremiaba, comienzan a pensar en la revisión de la concesión a la sociedad "Eléctricas Leonesas". Y por primera vez, Vigón hace saber, «como impresión puramente particular, que quizá la empresa concesionaria no esté resuelta a realizar la obra del Lago», limitando su iniciativa hidroeléctrica a otros aprovechamientos integrados en el mismo proyecto. A saber, son los referidos a los ríos Forcadura, Trefacio y Truchas.
Es el propio Gobernador de Zamora, Juan Murillo de Valdivia, quien en el mismo mes de enero de 1961 se dirige al subsecretario del Ministerio de la Gobernación, Luis Rodríguez, para esclarecer los pormenores del proyecto de "Eléctricas Leonesas" y precisa que no consisten en cuatro aprovechamientos, sino de un solo proyecto con una sola central, donde la actuación sobre los arroyos citados consiste en desviar sus caudales al Lago. Pero llega mucho más lejos en su misiva, en lo tocante «a abrir un expediente de caducidad a la hidroeléctrica», al señalar que «puede afirmarse que los plazos han sido incumplidos, ya que la empresa disponía de un plazo de seis años para terminar las obras a partir de su comienzo, y en el primer año deberían estar hechos los accesos al poblado y nada de estos se ha hecho». Alude, asimismo, al resto de las obras de túneles y de construcción de central, sobre las que tampoco existen muestras de aparecer por ningún sitio.
En estas fechas la situación de Ribadelago no podía ser más acuciante y desastrada. Los supervivientes estaban repartidos por diferentes centros y en distintos núcleos de población, otros habitaban en barracones como refugiados de una guerra o catástrofe natural, la totalidad andaba sumido en un proceso judicial con visos de no acabar nunca, la prensa aparecía de cuando en cuando por la zona y proyectaba al mundo una imagen que sonrojaba al Estado, hasta el punto de que sus mandatarios no reparaban en sugerir a los directores un tratamiento informativo que rebajara un espectáculo imposible matizar. En este estado de cosas, con 116 cadáveres todavía no encontrados y que todo el mundo daba por enterrados en el Lago, el proyecto hidroeléctrico pasó al olvido porque la tragedia de Ribadelago ocupaba todas las atenciones.
«Proyecto y plan de obras no ultimados»
Tres meses después el Banco Central, en el mes de agosto de 1959, respondió el Banco Central al ministro de la Gobernación para exponer que Villalonga «no ha contestado» y, por tanto, no puede facilitar el dato que requiere. Es en el mes de octubre cuando el general Alonso Vega vuelve a tener noticias de la entidad bancaria, tras un telefonazo del subsecretario del Ministerio de la Gobernación, Luis Rodríguez de Miguel. La entidad no puede menos que exculparse «por un lamentable extravío» de la carta remitida, según expresa desde la Secretaría General del Banco Central, Federico Corral. Seguidamente le hace saber que «por ahora no estamos en condiciones de determinar con exactitud los terrenos que en Ribadelago podrían, en su día, verse afectados por el aprovechamiento hidroeléctrico del Lago de Sanabria, ya que el proyecto rigurosamente definitivo y el subsiguiente plan de obras aún no están ultimados». En consecuencia, aconseja que «el Instituto de Colonización obre sin tener en consideración las futuras obras hidroeléctricas, con lo cual se puede resolver el problema social y agrario presente y, en su día, si fuera preciso, ya indemnizaría la empresa, generosamente, los terrenos que en la medida mínima posible tuvieran que quedar afectados».
